Sánchez y Casado agravan su pugna ante las renovaciones institucionales
El presidente del Gobierno apela a una “mayoría alternativa” para el desbloqueo
Pedro Sánchez y Pablo Casado recrudecieron ayer sus hostilidades por la falta de entendimiento para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre otros órganos constitucionales, justo antes de que Carlos Lesmes se viera obligado a abrir de nuevo el año judicial, una vez más, clamando en el desierto por esta “seria anomalía”. El presidente del Gobierno y el líder del Partido Popular se volvieron a enzarzar sobre los motivos del desencuentro, lo que en definitiva aleja todo posible entendimiento al respecto. Hasta el punto de que Sánchez, en TVE, anunció su propósito de armar “una mayoría parlamentaria alternativa”, sin el PP, para intentar desbloquear la renovación de estos órganos, que además del CGPJ incluyen al Tribunal Constitucional (TC), el Defensor del Pueblo o el consejo de RTVE. “El Gobierno de España no va a aceptar ningún bloqueo institucional”, advirtió Sánchez, tras acusar al PP de impedir estas renovaciones.
Pero en la dirección del PSOE asumen que, al menos por lo que respecta al CGPJ, aunque aritméticamente fuera posible sería muy improbable el acuerdo político sin el PP. La renovación del órgano de gobierno de los jueces requeriría del consenso de tres quintos del Congreso, esto es, 210 diputados. “Para alcanzar esa cifra se necesitaría una impensable suma de partidos distintos”, admiten.
Sánchez, en todo caso, desveló que durante este pasado agosto se produjeron conversaciones entre el Gobierno y el PP. “Puedo confirmar que esos contactos fructificaron en acuerdos prácticamente al 99% y que inexplicablemente el PP, durante el mes de agosto, rompió esos acuerdos”, aseguró. No quiso desvelar los motivos de la ruptura: “Eso tendrá que explicarlo el PP”. Pero defendió que “las instituciones en nuestro país necesitan, en un momento como éste de emergencia sanitaria, económica y social, una dosis extra de legitimidad”.
La dirección del PSOE, por boca de José Luis Ábalos, sí atribuyó la ruptura de las negociaciones a “la presión” de la exportavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. “El pacto era posible y estaba bien encaminado”, aseguró.
Lo que más molestó a Casado es que se desvelaran sus comunicaciones con Sánchez, y que se hiciera así para dar pábulo a las teorías –el PP cree que filtradas desde el propio Gobierno para desacreditarlo– que vinculan la ruptura de las negociaciones con el cese de Álvarez de Toledo. Y es que el día que Casado la destituyó, la exportavoz del PP afirmó que iba a haber un acuerdo para el reparto de los miembros del órgano de gobierno de los jueces con el que no estaba de acuerdo. Tan mal le sentaron al presidente del PP estas filtraciones, que el partido hizo público un comunicado para desmentir las afirmaciones de Sánchez de que el acuerdo estaba cerrado al 99% y que los contactos cesaron sin una explicación.
El comunicado del PP hace un relato cronológico de los contactos.
Empezando por la conversación entre Casado, la vicepresidenta Carmen Calvo y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el 6 de julio en la celebración del 40 aniversario del TC, cuando le solicitaron iniciar conversaciones para renovar los órganos institucionales y el líder del PP dijo que sí. Casado encomendó la negociación a su secretario de Justicia, el exmagistrado Enrique López, que durante julio, asegura el PP, “avanzó en la elaboración de una ley para el reforzamiento de la independencia de la justicia”, lo que le permitía renunciar a la modificación del sistema de elección del CGPJ que antes los populares habían puesto como condición para negociar.
El PP deja claro que durante todo julio hablaron de esa ley, “como paso previo a las negociaciones para la renovación”. Así, el 22 de julio, “Sánchez propuso por watsap a Casado
La renovación del CGPJ requiere del sí de 210 diputados, una cifra “impensable” sin la concurrencia del PP
El PP atribuye la ruptura a los ataques de Iglesias a la monarquía; y el PSOE a la “presión” de Álvarez de Toledo
los interlocutores para avanzar en las conversaciones de renovación de los órganos institucionales”. Esto demostraría, a juicio del PP, que en esa fecha aún no se había hablado de nombres, y los interlocutores “fueron aceptados con una escueta respuesta, sin entrar a valorar ni siquiera el fondo de la cuestión”. El 28 de julio, el presidente del CGPJ informó de estas conversaciones, confirmadas por el PP y el PSOE. Después llegó la marcha del rey Juan Carlos, el 3 de agosto, lo que motivó “un intolerable ataque” de Pablo Iglesias al rey Felipe. Además, Casado “no fue en ningún momento informado” por Sánchez de la decisión de la Casa Real, y por eso “transmitió a Moncloa que el pacto de renovación institucional no podía avanzar con el Gobierno arremetiendo contra la jefatura del Estado”. Y el 11 de agosto un juez imputó a Podemos por presuntas irregularidades en su financiación, “mientras intensificaba sus críticas” a la monarquía o reclamaba acuerdos con ERC, “a cambio de retomar la mesa de autodeterminación de Catalunya”. Tres días después, el 14 de agosto, “Casado transmitió al Gobierno, a través de una reunión presencial de sus interlocutores, que no se podía acordar la renovación de las instituciones del Estado si Podemos tenía cualquier papel en ella”. Una fecha importante para el PP, porque es tres días antes del cese de Álvarez de Toledo.