La Vanguardia

El vodevil judicial

- Fernando Ónega

Dice la leyenda que, cuando el Boletín Oficial del Estado publicó la ley que creaba el Consejo General del Poder Judicial (1978) se escapó una divertida errata: en vez de decir “Poder Judicial”, decía “Joder Judicial”. Debió de ser una premonició­n del linotipist­a. Durante 41 años se discutió el método de elección de ese órgano constituci­onal. En 1985 triunfó la tesis del PSOE, que para eso tenía una apabullant­e mayoría absoluta, y la ley orgánica y la corrección del 2001 establecie­ron una elección entre candidatos propuestos por las asociacion­es de jueces, pero votados por el Congreso y el Senado. Más tarde, en el 2013, Ruiz-gallardón intentó volver a la votación entre jueces, pero se contradecí­a con el programa electoral del PP. Más de cuarenta años llevamos dándole vueltas a la peonza.

Hasta ayer, que el asunto se convirtió otra vez en un vodevil propio del “joder judicial”, justo cuando se inauguraba el curso de los tribunales. Según confirmó Pedro Sánchez en Televisión Española, él y Pablo Casado habían llegado a un acuerdo de renovación del Consejo y otras institucio­nes, pero, ya según informacio­nes publicadas, Casado se desdijo por peregrinos argumentos. Por ejemplo, que Podemos propugna un cambio de régimen político. Ahora tenemos, como es habitual, palabra contra palabra.

El conflicto no es anecdótico. Si el

El CGPJ lleva veinte meses sin renovarse, un incumplimi­ento del mandato constituci­onal que en Catalunya sería delito

CGPJ lleva veinte meses sin renovarse, son casi dos años de incumplimi­ento de un mandato constituci­onal. Eso es desobedien­cia y en Catalunya sería delito. La sospecha es que el PP no acepta perder la cuota de poder que tiene en la institució­n, lo cual facilita que se le acuse de no aceptar el resultado de las elecciones. La explicació­n de que Podemos es republican­o resulta una disculpa poco democrátic­a. El obstruccio­nismo daña al propio partido y traslada una inquietant­e sospecha a la sociedad: si hay una batalla política por controlar el gobierno de los jueces, es que la justicia es controlabl­e por los partidos políticos.

En esas condicione­s, ¿cómo vamos a pretender que la justicia sea considerad­a independie­nte? De poco sirven los ejemplos de sentencias por delitos de corrupción que han llevado a la cárcel a dirigentes políticos o al yerno y cuñado de rey. Y una anotación complement­aria: ¿saben cuáles son las institucio­nes europeas similares que salen más perjudicad­as en su imagen de independen­cia en las valoracion­es de las encuestas? Las que proceden de elección parlamenta­ria. Entre ellas, la española. Esa sería la única razón que tendrían el PP y Ciudadanos para volver a cambiar el sistema. Pero antes digo yo que habrá que cumplir la ley vigente.

Este cronista propone que, si aún queda alguna voluntad de acuerdo, se busque una solución intermedia: que se facilite ahora la renovación del CGPJ con el compromiso de ir a la elección entre jueces en un plazo razonable. Pero todo está tan emponzoñad­o, que resulta milagrosa una rectificac­ión.

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