Renovación injustificadamente demorada
Bajo la presidencia del rey Felipe VI, se celebró ayer en Madrid el solemne acto de apertura del año judicial. Quizás el momento más relevante de dicho acto fuera el discurso de Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es, entre otras cosas, el órgano responsable de los nombramientos que configuran los más altos niveles de la judicatura. “Me veo en la obligación de exhortar nuevamente a los poderes públicos –dijo Lesmes en su discurso– a renovar la institución sin mayores dilaciones”.
La no renovación del Consejo General de Poder Judicial, cuyo mandato expiró hace ya casi dos años, en diciembre del 2018, fue calificada ayer por Lesmes de “seria anomalía” y es de hecho una irregularidad flagrante. Lo sería en cualquier circunstancia, y lo es con mayor motivo ahora, puesto que obedece en buena medida al obstruccionismo del Partido Popular, que por esta vía consigue conservar la mayoría conservadora entre los veinte vocales del CGPJ. Una mayoría heredada de los tiempos en que el PP tenía una presencia dominante en el Parlamento, pero que según el ordenamiento constitucional no le corresponde ahora, cuando controla el Ejecutivo una coalición formada por el PSOE y Unidas Podemos (UP). Los de Pablo Casado disponen hoy de 88 escaños en el Congreso (alrededor de medio centenar menos que en la última legislatura en la que Mariano Rajoy presidió el gobierno).
Estas cifras son suficientemente elocuentes y no dejan mucho resquicio para la discusión. Pero Casado trata de justificar su actitud para frenar la renovación del CGPJ afirmando que no la permitirá mientras UP siga formando parte del legítimo Gobierno de España. He aquí un argumento inconsistente, difícilmente admisible. En primer lugar, porque la ley indica claramente cuales son los plazos que deben seguirse para esta renovación. Y, en segundo, porque entre los atributos del líder de la oposición no se cuenta el de establecer nuevas reglas (y menos con intereses partidistas) para lo que ya está reglado y plasmado por consenso en la Carta Magna.
España se enfrenta a dificultades coyunturales extraordinarias, cuya superación requerirá, en el mejor de los casos, mucho esfuerzo, mucha coordinación –también entre rivales políticos– y mucho tiempo. En esta circunstancia, las tareas cuya realización viene pautada por la ley y el calendario no deberían postergarse ni un día. Por desgracia, no es así. Y no únicamente en el caso del CGPJ. A la de este hay que sumar otras renovaciones pendientes, como las del Tribunal Constitucional, el consejo de RTVE o el Defensor del Pueblo, organismos y cargos sobre cuya normal evolución algunos se arrogan poderes dilatorios que no son de recibo. La Administración debe estar, ante todo, al servicio del ciudadano. Impedir su correcta evolución, de acuerdo con lo que marca el ordenamiento jurídico, equivale a defraudar el compromiso tácitamente adquirido por las fuerzas políticas con la ciudadanía. Lo único que se consigue así es desprestigiar las instituciones.
Se hace difícil asistir a esta irregularidad, que se produce a la vista de todos y es reiterada, sin denunciarla, como hemos hecho ya anteriormente y hacemos ahora de nuevo. No es aceptable que la oposición conservadora la fomente. Tampoco lo es que el Gobierno no sepa cómo persuadirla para que reconsidere su conducta. Y llama la atención que los magistrados cuyas responsabilidades expiraron tiempo atrás sigan impasibles en su posición y no hayan vacilado a la hora de participar en el nombramiento de nuevos altos cargos.
La renovación del CGPJ y de otros órganos muy sensibles de la Administración pública no es una opción que pueda manejarse de modo discrecional, sino un mandato constitucional inequívoco. El mensaje que transmiten a los ciudadanos quienes deberían cumplirlo y no lo hacen es lamentable.
Los relevos en el CGPJ no son una opción de parte, sino un mandato constitucional