Una emergencia interminable

Datos y opiniones sugieren que la situación de hoy es algo mejor de lo que los más pesimistas esperaban hace seis meses, pero bastante peor de lo que se preveía al terminar el estado de alarma; un factor importante ha sido el comportamiento del turismo, que las cuarentenas de algunos países han empeorado. Uno suele pensar que una emergencia no dura mucho; esta vez, por desgracia, ha habido que cambiar de opinión: de una curva en forma de V hemos pasado a una U, cuyo ramal ascendente se pierde en la neblina del futuro: hay que estar preparados para una L, una larga emergencia.

Las medidas llamadas de reconstrucción se han centrado en paliar los efectos de una enorme crisis de demanda sobre el empleo y sobre la situación económica de los más perjudicados. Si prescindimos de los numerosos, quizá inevitables, defectos de su aplicación, las principales medidas, la prolongación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y el ingreso mínimo vital (IMV) iban en la dirección correcta. Sin embargo, son medidas que solo se justifican si son transitorias, destinadas a parar un golpe. El IMV debería estar reservado, pasada la emergencia, a quienes de verdad no pueden incorporarse a la fuerza de trabajo, por incapacidad física o mental, o por circunstancias personales, tal vez familiares en algunos casos. Existen, pero son minoría. Puede extenderse a casos en que el salario percibido sea insuficiente, aunque eso presenta posibilidades de abuso. En cuanto al ERTE, está pensado para ayudar a una empresa a salvar un bache momentáneo, pasado el cual esta reanudará su actividad. Irlo prolongando es un paliativo que tiene dos efectos negativos: como se trata de pagar por no hacer nada, será considerado injusto por los que no han podido acogerse a él; como se paga poco, estimula a buscar empleos, malos empleos, en la economía sumergida. La prolongación indefinida del ERTE es un retroceso en el corto camino recorrido hasta ahora para llegar a un mercado laboral decente.

Estos meses serán muy difíciles. Habrá que empezar a separar las empresas que no tienen futuro, en las que se trata de ayudar a trabajadores y empleados, de otras que pueden salir adelante. Los ERTE habrán de irse convirtiendo en ERE, en despidos, o en quiebras. La confrontación por cierres y por el pago de las indemnizaciones correspondientes está servida. Y al final habrá una masa de gente sin empleo y sin perspectivas.

Pequeñas iniciativas privadas, que hay que reproducir, pueden mitigar la peor de las consecuencias humanas del paro, que es el aislamiento. Así, las “lanzaderas de empleo”, creadas por José María Pérez, Peridis, forman grupos de trabajadores que se reúnen con un monitor y aprenden a buscar empleo para cualquiera de los miembros del grupo. Pero el sector privado tardará años en absorber el stock de parados, presentes y futuros. Lo único que puede evitar una situación social insoportable es la iniciativa pública. Esta podría materializarse en las llamadas Garantías de Empleo (job guarantees) o Planes de Empleo Garantizado, a los que me referí en un artículo anterior (“Renta mínima y empleo garantizado”, 16/VI/2020): en ellos el Estado ofrece un puesto de trabajo estable al salario mínimo para quien no tenga trabajo. El plan original fue diseñado en 1935 por la Administración Roosevelt, para hacer frente a las secuelas emergencia de la crisis del 29, y duró hasta 1942: una larga emergencia. La idea se ha ido abriendo camino, y existen hoy planes detallados y hasta manuales de instrucciones. Un plan de empleo público garantizado tiene como principal objetivo la absorción del stock de parados, y otorga un beneficio colateral no desdeñable: como quien puede y no quiere aceptar un empleo público pierde al derecho al subsidio de paro, queda claro que el derecho a vivir sin trabajar no existe. Quienes tienen bienes de fortuna pueden permitírselo, pero eso es una posibilidad, no un derecho. Los que pueden contribuir deben hacerlo.

El coronavirus nos cogió por sorpresa. No puede suceder lo mismo con la pandemia económica. Por desgracia, nada se oye en los medios oficiales que permita pensar que nuestros políticos, de uno y otro signo, han tomado conciencia de la magnitud y de la duración del problema, de que esta es una situación que no se resolverá con remedios de urgencia. Que no basta con ayudar, no basta con repartir, hay que movilizar, apoyar y construir durante mucho tiempo.

Peor aún: casi todos parecen haber olvidado que un día se comprometieron a servir al país. Esperemos que reaccionen a tiempo; y si no cumplen su promesa, que el país se lo demande. Pensemos, además, que nuestra tasa de paro es síntoma de un fracaso económico y moral que nos implica a todos. Si lo tenemos presente y actuamos en consecuencia, cada cual desde su puesto, aprenderemos la lección antes de que sea demasiado tarde. Si es así, podremos decir que de algo ha servido esta interminable emergencia.

Un plan de empleo público garantizado tiene como objetivo la absorción del stock de parados