El Incasòl defiende el ‘traje a medida’ para Hard Rock
El ente público pagará 96 de los 120 millones que cuestan los terrenos con la intención de recuperarlos en el 2022 con la reparcelación
“Es una forma de funcionar muy normal y sencilla que no tiene coste porque trabajamos con nuestros recursos propios y estamos convencidos que la operación saldrá adelante”, afirma Albert Civit, director del Institut Català del Sól (Incasòl). El acuerdo de gobierno aprobado el pasado 8 de marzo establece que el ente que preside Civit avanzará el 80% de los 120 millones que cuestan los terrenos –ahora propiedad de Criteria (La Caixa)– a Hard Rock, para que la multinacional pueda construir allí un hotel, un casino y un espacio comercial y de negocios. Pero, ¿y si finalmente el proyecto no sale adelante?
La Plataforma Aturem BCN World y el grupo ecologista Gepec, que llevan meses estudiando las cláusulas de las escrituras y los contratos de compraventa, anunciarán esta semana acciones legales contra los políticos y cargos involucrados en la tramitación del proyecto al entender que se está invirtiendo dinero público en un proyecto “que supone un riesgo altísimo; si Hard Rock finalmente se retira, lo único que habrá pasado es que el Incasòl habrá rescatado los terrenos de La Caixa”, insiste el portavoz de Aturem BCN World, Joan Pons.
La publicación ayer, en el periódico Ara, de los detalles de estos contratos –accesibles en internet– pone encima la mesa las condiciones de una operación que arrancó como BCN World y que con Hard Rock ya acumula tres años de retrasos y numerosas prórrogas; la última se agotará el próximo 5 de octubre.
El Govern autorizó en marzo la adquisición de los terrenos a Criteria y la venta a Hard Rock, en el mismo acto notarial. Sin embargo, según el contrato de la operación, el abono del importe completo al Incasòl no será automático. Hard Rock lo materializará en tres plazos: el 20% al formalizar el contrato (24 millones de euros), el 70% cuando se publiquen definitivamente los planes de mejora urbana (PMU) y el 10% restante con la inscripción del proyecto de reparcelación al registro de la propiedad o bien transcurridos seis meses desde la publicación de la aprobación definitiva en el PMU.
“Hay unas condiciones de compra y de venta, nos hemos marcado unos hitos en la tramitación que unos y otros tenemos que cumplir, nos ajustamos a los requerimientos del proyecto igual que se hizo con Amazon o que hacemos con una empresa de carnes porque entendemos que son proyectos buenos para el territorio”, añade Civit.
El principal protagonista de la historia, Hard Rock, no se pronuncia públicamente desde que, en verano del 2017 el Govern hizo pública la adjudicación inicial de la licencia del casino, requerimiento indispensable para poder construir todo el complejo turístico. Sin embargo, tanto Damià Calvet, el conseller de Territori y director del Incasòl cuando empezó a gestarse el proyecto, como Civit aseguran que la multinacional sigue interesada. Que las reuniones son prácticamente semanales pese a la incierta situación del sector turístico mundial a raíz de la pandemia y pese a los retrasos y las prórrogas que se han ido firmando durante los últimos años. “Nada nos hace sospechar que el proyecto no vaya a seguir adelante”, insiste Civit, mientras el escepticismo sobre el futuro de este complejo turístico no hace más que ganar terreno.
Según el contrato, el Incasòl asumirá “con toda indemnidad para la vendedora –Criteria–, toda la responsabilidad que eventualmente pudiera corresponder a la vendedora”. También se reserva a Hard Rock el derecho, durante diez años, a revender los terrenos al Incasòl, que tendría la obligación de recomprarlos en caso de que el proyecto se declarara nulo o que le PDU no se ajustara a las condiciones pactadas.
La última prórroga fija como fecha límite para firmar el contrato de compraventa el próximo 5 de octubre