Gobiernos confusos
El proyecto de compra de Bankia por Caixabank ha aflorado divergencias en el seno de los gobiernos español y catalán. No así en los otros ejecutivos afectados y que han expresado su apoyo: el valenciano, territorio en el que las dos entidades tienen su sede y el madrileño, acoge la central operativa de Bankia y albergó su caja fundadora, Caja Madrid.
En el ejecutivo central, las críticas de Unidas Podemos no parecen incubar efectos prácticos. Técnicamente, la decisión de qué hacer con el paquete del Estado en Bankia corresponde a la ministra de Economía, Nadia Calviño, a la que también toca aprobar la fusión, sin que el asunto deba llegar al Consejo de Ministros. Sánchez ya ha dicho que será favorable.
Políticamente, el momento caliente en el seno del Gobierno se aplaza: la participación pública seguirá en la nueva entidad, en torno a un 14%, de modo que el Estado deberá decidir más adelante si se mantiene o sale definitivamente. Tal vez en ese momento, la pugna vaya a más.
Más pintoresco es el caso del Govern de la Generalitat. Caixabank mantiene gran parte de sus servicios centrales en Barcelona y es la primera entidad del mercado catalán. El president, Quim Torra, no se ha pronunciado, ni un simple tweet, pese a la evidente trascendencia económica. Como él mismo se considera representante vicario de Carles Puigdemont, se antoja procedente remitirse a este último. Parece que es totalmente contrario.
Él y los otros dos eurodiputados de Jxcat, Toni Comín y Clara Ponsatí, han formulado varias preguntas a la Comisión Europea que dejan clara su oposición. Los firmantes se centran en dos grupos de argumentos. Uno referido a las posibles consecuencias lesivas para la competencia, en el ámbito del crédito y el consumo, y el llamado “riesgo sistémico”, el peligro de que un banco demasiado grande con problemas arrastre a toda el sector, provocando un problema de solvencia incluso para el propio Estado.
El otro pero, político, es el más relevante, por su singularidad y ser el verdadero objetivo de su denuncia. Los eurodiputados señalan que la fusión planteada involucra a Bankia, entidad “rescatada en el 2012 a expensas de los contribuyentes, está bajo el control del gobierno español”. Y a continuación aseguran que “Este movimiento [la propuesta de fusión] se produce después de años de interferencia del Gobierno en el mercado,
El choque en Madrid se aplaza a cuando el Estado deba salir de verdad; una vez se cree el nuevo banco
Aragonès desearía ver el banco en Barcelona; Puigdemont denuncia un complot del Estado para tomar Caixabank
como el real decreto 15/2017 que invitó a las instituciones financieras basadas en Catalunya a mover sus sedes a otros lugares”.
Al parecer, los eurodiputados firmantes desconocen que el cambio legal al que se refieren, la posibilidad de cambiar la sede social de un banco o empresa sin convocar la junta de accionistas, fue solicitado, no una sino hasta dos veces, la primera antes del referéndum del 1 de octubre del 2017 y la segunda inmediatamente después, por las dos grandes entidades financieras catalanas. Y estas efectivamente, utilizaron el resquicio legal, diseñada por ellas mismas, para reubicar su sede. Social y fiscal, dicho sea de paso.
La carta a la Comisión abona la idea de que el impulsor de la fusión sería el Gobierno, y no la Fundació La Caixa, que lo ha perseguido desde hace ya una década, como por otra parte es sobradamente conocido. Tesis final, el objetivo de Pedro Sánchez sería acabar tomando el control de Caixabank, pese a que la participación pública en el nuevo banco sería minoritaria, gracias al recurso al Boletín Oficial del Estado.
El otro partido del Govern catalán, ERC, lo ve diferente. Pere Aragonès, su vicepresidente, no rechaza la fusión, pero pide “un calendario claro de cómo el Estado sale del accionariado, “para evitar sospechas de interferencias políticas”. Presión para que desparezca de la entidad, no se sabe si por el mismo temor manifestado por Puigdemont o por espíritu de “verdaderos liberales”, como define a su partido el presidente de ERC, Oriol Junqueras. Aragonès remata pidiendo que la nueva sede esté en Barcelona. No parece ser el empeño del conjunto del Govern.