Globalia pide 400 millones al fondo de rescate para salvar Air Europa
Globalia pidió ayer 400 millones de euros al fondo de rescate de empresas estratégicas para recapitalizarse tras la caída de la actividad por la pandemia, según informó la agencia Efe citando fuentes empresariales que aseguran que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) está analizando la petición.
La operación podría ayudar a desbloquear la compra de Air Europa (de Globalia) por parte de Iberia, pactada en noviembre pasado en 1.000 millones de euros, acuerdo que en esos términos y el contexto actual -con la crisis de la covid de por medio-, “carece de sentido”, según el consejero delegado de Iberia, Luis Gallego.
Así lo dijo en la pasada presentación de resultados trimestrales, el 31 de julio, cuando confió en tener una solución “a favor o en contra” de la fusión antes de que acabara este año.
Entonces Gallego salió al paso de las especulaciones sobre la posibilidad de que Iberia acudiera al fondo de 10.000 millones de euros creado por el Gobierno para salir en rescate de empresas estratégicas en apuros a causa de la pandemia y que será gestionado por la SEPI. Fue entonces cuando la aerolínea anunció una ampliación de capital de IAG por 2.750 millones de euros, cantidad que esperan sea suficiente para recapitalizar el grupo, que en el primer semestre del año perdió 3.806 millones de euros por la paralización de la actividad para frenar la pandemia.
Una ampliación de capital que hoy aprobará la junta de accionistas de IAG –grupo en el que están integradas además de Iberia, British Airways, Vueling y Air Lingus– junto a ella también se hará efectiva la toma de posesión de Luis Gallego, como consejero delegado de IAG en sustitución de Willie Walsh.
El fondo de rescate busca dar oxígeno a sociedades solventes pero afectadas por la epidemia de la Covid-19, que tengan la condición de estratégicas para el tejido productivo nacional o regional. En el caso de Air Europa, la SEPI tendrá que definir el modelo a través del que se canalizará la ayuda que según la ley debe tener un importe mínimo de 25 millones de euros por beneficiario y debe articularse mediante préstamos participativos, deuda convertible, suscripción de acciones, participaciones sociales o cualquier otro instrumento de capital.
Las normas del fondo impiden que las empresas beneficiarias lleven a cabo políticas de expansión comercial agresivas, que distribuyan dividendos entre sus accionistas y que sus directivos cobren “bonus” o cualquier retribución variable al menos hasta la devolución del 75 % de la ayuda.
El Gobierno, a través de SEPI, tendrá “derechos especiales” sobre determinadas decisiones estratégicas para asegurar la adecuada asignación de las aportaciones a cargo del fondo, para lo cual firmará con las empresas un acuerdo de apoyo financiero público temporal así como un acuerdo de accionistas.
De aprobarse la operación el Gobierno tendrá “derechos especiales” sobre decisiones estratégicas