Freno a la ocupación
Soplan buenos vientos para ocuparse al fin de los problemas de la ocupación. Una actividad más frecuente en los últimos años debido a la insuficiente urgencia con la que se actuaba para que las víctimas pudieran recuperar su vivienda. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha insistido en que deben protegerse los derechos de los perjudicados por el allanamiento de morada y “evitar la persistencia en el tiempo de la conducta delictiva en tanto que se tramita el correspondiente procedimiento”.
Recuerdo la historia de unos conocidos que se acababan de comprar una vivienda en Barcelona y al poco fue ocupada. Al denunciar, los Mossos d’esquadra les aconsejaron que si deseaban recuperar la vivienda con celeridad negociaran con los ocupas y “llegaran a un acuerdo económico para que se fueran de allí por voluntad propia”. Titulares de personas que a la vuelta de vacaciones se encuentran su casa ocupada y les lleva meses, quizá años, poder recuperarla han llenado los periódicos ante el asombro de muchos.
El código legislativo vigente contempla que si los ocupas demuestran que llevan más de 48 horas en la vivienda, la policía ya no puede proceder al desalojo y comienza la interminable vía judicial, un auténtico vía crucis para los propietarios plagado de injusticias. ¿Irse a dormir a un hostal, a casa de amigos o familiares, mientras unos desconocidos hacen uso impropio de sus enseres, camas…?
Delgado esta semana ha nombrado las bandas criminales organizadas conocidas ya como “empresas inmobiliarias de lo ajeno” especializadas en la ocupación de viviendas para obtener grandes sumas de dinero fácil de los propietarios desesperados que desean recuperar su vivienda lo más rápido posible. ¿Cómo demuestran que llevan 48 horas en la vivienda? Ellos mismos, los ocupas, son los que llaman a la policía y se identifican con su DNI inventándose cualquier denuncia vecinal, y así activan de inmediato la cuenta atrás de las 48 horas. Delgado ha puesto ejemplos como Alemania o Francia, donde, acreditada la propiedad del bien, los juzgados otorgan la posibilidad de desalojo de la policía en un plazo de 24 a 48 horas.
Catalunya lidera por comunidades en España los índices de ocupación, que desde el pasado confinamiento han crecido. La desocupación de Ada Colau se complica y se entiende menos, pues pudiera parecer que la alcaldesa de millones de habitantes procesa un claro desajuste en la balanza de los derechos a favor de los ocupas y en perjuicio de los propietarios.
La fiscal general del Estado subraya que se han de proteger los derechos de los dueños