Más allá de las trincheras
El Gobierno presidido por Pedro Sánchez dio luz verde el pasado martes, en primera lectura, al anteproyecto de ley de Memoria Democrática, que sustituirá la llamada ley de Memoria Histórica que se aprobó en el 2007 bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Es la segunda vez que los socialistas abordan la creación de políticas de Estado para la gestión del pasado reciente y de sus efectos más traumáticos, una agenda que el PP aparcó durante la presidencia de Mariano Rajoy y que suscita rechazo en el conjunto de la derecha. En cambio, este asunto es prioritario para los socios del PSOE ya que la formación de Pablo Iglesias ha expresado repetidamente la necesidad de dar respuestas equivalentes a las que han aplicado otros estados democráticos.
Se prevé que la nueva ley de Memoria entre en vigor el año próximo y se pretende “mucho más minuciosa” que la anterior, en palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo. El articulado trata de incorporar algunas medidas que vienen reclamando las asociaciones dedicadas a la memoria colectiva y las víctimas, así como los relatores de las Naciones Unidas dedicados a esta materia. Lo más destacado de la ley de Memoria Democrática es que se garantiza la investigación de las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario ocurridas entre 1936 y 1978, extremo que permitiría eludir la ley de Amnistía de 1977. Además, se declararán ilegítimos y nulos los juicios políticos del franquismo, lo cual incluye el proceso que llevó a la ejecución del president Lluís Companys. Con el fin de dar plena cobertura a estos objetivos, se creará una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos.
Por otro lado, el nuevo texto sobre memoria pública contempla como responsabilidad del Estado –financiada por el erario y no por los particulares– la apertura de fosas y la búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra
Civil y la dictadura, así como la creación de un banco de ADN. En el capítulo ideológico, la ley prevé sanciones y prohibirá expresamente cualquier asociación y entidad que haga apología del franquismo o incitación al odio contra las víctimas, una medida que permitirá la prohibición de la Fundación Franco.
Entre otras medidas, como dar un nuevo significado al Valle de los Caídos como lugar de memoria y realizar un inventario de las empresas que recurrieron a trabajos forzados durante la dictadura, el anteproyecto apuesta por introducir la explicación de la represión franquista en los contenidos de la ESO y el bachillerato, algo que deberán aplicar las diferentes administraciones autonómicas.
Legislar sobre las huellas del pasado más controvertido no es fácil aunque es un imperativo democrático que no puede postergarse eternamente. No existe el momento ideal de abordar estos deberes pendientes y, más allá de las acusaciones de cierto oportunismo por parte del Ejecutivo de coalición, hay que convenir que España necesita una legislación definitiva y aplicable que, partiendo de la complejidad y huyendo del revanchismo, dé clara respuesta judicial, política y ética a todas las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, a la vez que promueve la divulgación del pasado con mirada crítica.
Cada ciudadano tiene derecho a su parcial memoria personal y familiar, pero el Estado debe promover una memoria compartida que supere las trincheras a partir de la verdad contrastada de los hechos, la reparación de las víctimas y el fomento de los valores democráticos. Necesitamos una ley de Memoria Democrática que obtenga el máximo consenso. El PP debe hacer un esfuerzo por abandonar actitudes que son más propias de Vox y el Gobierno debe favorecer un punto de encuentro que aporte solidez y continuidad a estas políticas. Es lo que servirá mejor a los muertos y a los vivos, y también a las generaciones futuras.
Necesitamos una ley de Memoria Democrática que obtenga el máximo consenso