Las fuerzas del mal
No conozco una sola formación política que no eche mano de las teorías conspiranoicas y saque del cajón el manual del perfecto enemigo cada vez que se sabe en apuros. Los comunes que gobiernan desde hace cinco años el Ayuntamiento de Barcelona no son la excepción. Más bien todo lo contrario. A lo largo de este tiempo han recurrido en la justa medida para sus intereses, reduciendo o ampliando la dosis de populismo en función de las necesidades del momento, a la creación de un relato en el se arrogan el papel de defensores de los vulnerables frente a un poderoso imperio del mal.
Entre esas fuerzas del maligno figuran grandes corporaciones de servicios (Agbar, Endesa, Telefónica, Naturgy...), entidades bancarias, patronales, asociaciones de comerciantes, hoteleros, restauradores y lobbies opuestos a las políticas diseñadas desde el Ayuntamiento. A los clásicos habrá que sumar desde esta semana a los gremios profesionales adheridos a la platataforma Pro Mobilitat Lliure, que el pasado miércoles participaron en un aquelarre en el se formuló un conjuro contra la eliminación de plazas de estacionamiento, los cortes de determinadas calles al tráfico y, en general, las trabas y restricciones al uso del vehículo privado que el gobierno municipal ha implantado aprovechando
La gravedad de la crisis demanda más flexibilidad a la hora de aplicar restricciones al uso del vehículo privado
la desaceleración de la ciudad como consecuencia de la pandemia.
Transportistas, instaladores de andamios, propietarios de tiendas de productos para animales, agentes comerciales, churreros, pintores, empresarios de teatros y salas de ocio, conserveros, sastres, ferreteros, filatélicos y numismáticos, panaderos, recambistas, colchoneros, reformadores de interiores, instaladores de cocinas y baños, cerrajeros, metalúrgicos, licoreros, floristas, fabricantes y reparadores de ascensores... Son algunos de colectivos, la mayoría adheridos al Consell de Gremis, que firman el manifiesto de la plataforma profesionales, trabajadores y autónomos muy diversos que, de un modo u otro, necesitan del coche o la furgoneta para desplazarse por la ciudad o para efectuar la carga y descarga, una actividad imprescindible que genera unos problemas de movilidad que el Ayuntamiento de Barcelona, el de ahora y todos los que le precedieron, nunca ha conseguido resolver satisfactoriamente. Para todos ellos, el uso del vehículo privado, que en estos casos se convierte en el vehículo profesional, no es un capricho sino una necesidad. ¿Alguien se atreverá a señalarlos como insolidarios?
La actual situación, la gravedad de la crisis económica, que ya ha llevado a Barcelona a alcanzar los niveles de paro de la anterior recesión, demanda mucha más flexibilidad a la hora de adoptar y aplicar medidas restrictivas, cintura política para revisar decisiones equivocadas.