El exceso de tensión empuja hacia un pacto sobre el Poder Judicial
La semana de Vox concluirá con una audiencia del Papa a Pedro Sánchez
El creciente rechazo social a la asfixiante tensión política que se vive en España puede acabar empujando a un acuerdo para la renovación de la cúpula del Poder Judicial. Empieza a haber señales de ello después de las últimas advertencias de Bruselas, pero primero deberá debatirse y votarse en el Parlamento, los días 21 y 22 de octubre, la moción de censura presentada por Vox. La aguja del manómetro que mide la presión ya se halla en franja roja. El manejo de la presión será el asunto más delicado en ese debate y la semana concluirá con una novedad que no estaba en agenda.
La semana de la moción de censura de Vox concluirá con una audiencia del papa Francisco a Pedro Sánchez, el próximo sábado 24 de octubre en el Vaticano. Felipe González no pudo imaginar algo parecido en marzo de 1987, cuando el joven y efímero líder de Alianza Popular, Antonio Hernández Mancha , le planteó una moción de censura.
Juan Pablo II no habría recibido al presidente socialista español en aquellas circunstancias.
Las casualidades existen, pero en la Secretaría de Estado de la Santa Sede el azar suele pasar algunos exámenes. Una audiencia a un jefe de Gobierno no aparece en la agenda del Papa sin conocimiento previo del nuncio apostólico (embajador) en el país en cuestión y del presidente de la Conferencia Episcopal nacional. El actual nuncio en España es el prelado filipino Bernardito Auza, y preside la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona. Las relaciones del Gobierno con la Conferencia Episcopal pasan por la vicepresidenta primera,
Carmen Calvo.
Hace dos semanas, el Papa evitó recibir en audiencia al secretario de Estado norteamericano,
Mike Pompeo, que había viajado a Italia para tomar notas sobre el conflicto de Libia y advertir al Gobierno de Giuseppe Conte contra un exceso de buenas relaciones con China. El jefe de la diplomacia estadounidense deseaba entrevistarse con el Papa para pedir al Vaticano que enfríe su intento de establecer relaciones diplomáticas con Pekín para abrir puertas a la Iglesia católica en China. Francisco no quiso que esa reunión pudiese quedar enmarcada por la agresiva campaña de las elecciones presidenciales norteamericanas.
La audiencia a Sánchez en un momento muy crítico de la política española contiene también un mensaje: es hora de hablar. Hay algunas iniciativas gubernamentales en curso que interesan y preocupan a la Iglesia católica. La reforma de la ley Educativa y una nueva revisión de la legislación sobre el aborto, por ejemplo.
Diálogo. Ese es el mensaje pontificio en la semana de la moción de censura de Vox, partido que se declara ardiente defensor de la cristiandad y a la vez detesta al Papa. En 1987, Juan Pablo II recibía cada mes al general Vernon Walters, antiguo director adjunto de la CIA, que ponía al corriente al Vaticano de las crecientes debilidades del bloque soviético. Los tiempos han cambiado.
Diálogo. Ese también es el mensaje que Pedro Sánchez y Pablo Casado han recibido hace unos días en Bruselas, donde se ha reunido el Consejo Europeo. Fuentes gubernamentales sostiene, sin embargo, que no ha habido una mayor presión sobre la controvertida proposición de ley para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, más allá de las declaraciones de un portavoz de la Comisión, el pasado jueves, que todo el mundo leyó como un evidente toque de atención al Gobierno español.
El pasado mes de septiembre ya hubo un primer toque de atención europeo sobre este tema, especialmente dirigido a la oposición. Un informe sobre el Estado de derecho en los países de la Unión Europea señalaba dos problemas en España: el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y una excesiva dependencia de la Fiscalía General del Estado de la esfera gubernamental. El mismo día en que se publicó aquel informe, el CGPJ, en prórroga desde hace dos años, procedió al nombramiento de varios magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Preside el CGPJ, el magistrado Carlos Lesmes, que ejerció el cargo de director general de Relaciones con la Justicia durante el segundo mandato de José María Aznar.
Bruselas quisiera paz judicial en España. Ambas partes están avisadas. El Partido Popular, desde finales de septiembre. El Gobierno, desde el pasado jueves. Bruselas ya advirtió a finales de septiembre que el bloqueo en la renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial, con la consiguiente batalla política interna, podía dar munición a los gobierno iliberales de Polonia y Hungría, embarcados en una estrategia de clara restricción de la independencia de sus jueces. (Véase la información adjunta).
“Si el bloqueo persiste, cuando se debata sobre la posición de Polonia y Hungría, los gobiernos de estos países podrán escudarse en que este asunto en España aún no se ha solucionado”, declaró en septiembre el comisario europeo de Justicia, el belga Didier Reynders. Así ha sucedido. Desde la semana pasada, los gobiernos de Hungría y Polonia se escudan en el bloqueo y en la iniciativa de la coalición gubernamental española de romper el tapón con una reforma que permitiría renovar la cúpula del poder judicial con la mayoría absoluta del Congreso, sin la mayoría reforzada de los tres quintos, hoy vigente; un mecanismos de veto que el PP usa para mantener en vida una cúpula judicial que pudo negociar en el 2013 desde la mayoría absoluta. Una cúpula judicial reflejo de una
ATMÓSFERA
La moción de censura de Vox llega en un momento de hastío social por la crispación
EL GESTO DEL PAPA Recibiendo a Sánchez, el Vaticano también envía un mensaje a España: hay que hablar
mayoría conservadora que ya no existe, o una cúpula judicial reflejo de una España más plural políticamente. Esa y no otra es la cuestión.
¿Qué preocupa en Bruselas? Preocupa la inflamación del pulso con los gobiernos de Hungría y Polonia, en la medida que ambos países amenazan con vetar el endeudamiento de la Comisión Europea necesario para financiar el Fondo de Recuperación. (Véase La Vanguardia del pasado domingo). El Parlamento Europeo quiere ser más exigente y la Comisión es más pragmática. La presidencia alemana de turno propone que la condicionalidad se ciña exclusivamente al respeto del Estado de derecho en la gestión de los fondos europeos. La batalla es compleja y solo faltaba el embrollo español. Nadie amenaza con retirar los fondos a España. Eso son noticias falsas.
Sánchez empezó a modular su discurso el viernes, ofreciendo modificar sus planes legislativos si el PP se aviene a negociar. A su vez, Enrique López, el coordinador del PP en el frente judicial, declaraba en el diario La Razón que el primer partido de la oposición está dispuesto a negociar. (López y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, habían alcanzado en agosto un principio de acuerdo sobre la renovación del CGPJ, que después Casado rompió). Casado sigue exigiendo la marginación de Unidas Podemos del acuerdo.
El desarrollo del debate de la moción de censura determinará las posibilidades de un pacto.
COMISIÓN EUROPEA Bruselas no equipara a España con Hungría y Polonia, ni amenaza con recortar fondos
EL NUDO DE LA CUESTIÓN
Sin embargo, el litigio español ofrece un paraguas a los iliberales húngaros y polacos