Una ‘ley mordaza’ para los jueces
Desde su regreso al poder en el 2015, el partido conservador ultranacionalista Ley y Justicia (PIS) –que lidera un Gobierno de coalición– ha hecho cambios en el sistema judicial polaco que alarman a Europa. El primer paso fue el nombramiento, en diciembre de ese año, de cinco nuevos magistrados afines en el Tribunal Constitucional, que tiene 15 miembros.
En el 2016, por ley la Fiscalía General del Estado pasó a depender del Ministerio de Justicia: Zbigniew Ziobro, persona clave en el Ejecutivo, es a la vez ministro de Justicia y fiscal general. Luego, el Gobierno hizo que el Consejo Nacional de la Judicatura (KRS), órgano antes independiente que se encarga de supervisar el nombramiento, promoción y disciplina de los jueces, dependa de la mayoría parlamentaria. Eso permitió al partido colocar a gente de su confianza en la Sala Disciplinaria, cámara de nueva creación en el Tribunal Supremo, con un nuevo sistema disciplinario que, en la práctica, se ceba en jueces que llevan casos políticamente espinosos o que critican leyes sobre justicia.
En diciembre del 2019, el Tribunal Supremo, que pese a todo se mantiene independiente, falló que el renovado KRS y la nueva Sala Disciplinaria se constituyeron de modo no acorde con la ley. Ante eso y ante la resistencia de muchos jueces, abogados y fiscales, ese mismo diciembre el Gobierno del primer ministro Mateusz Morawiecki logró aprobar una ley que, en sustancia, da al TS competencia exclusiva para pronunciarse sobre la independencia judicial, exige a los jueces que den información sobre sus actividades no profesionales, y amplía la noción de delito disciplinario. Entró en vigor en febrero de este año, y sus detractores la apodan ley mordaza.
De resultas, la Comisión Europea abrió el pasado abril expediente a Polonia por socavar la independencia judicial y vulnerar la ley europea; es el cuarto que le abre en tres años por estos motivos. El Ejecutivo polaco replica que todas estas reformas son necesarias para mejorar el sistema judicial y acabar con la corrupción y vestigios de la época comunista.
El Gobierno diseñó un instrumento disciplinario que permite acallar a los togados críticos