Unidas Podemos ultima un trimestre de ofensiva contra las desigualdades

En el universo Unidas Podemos, la acción política y la reflexión conceptual habitan universos divergentes. Mientras en el ágora de las ideas, la galaxia que rodea el espacio del cambio lleva seis días enfrascada en su inacabable debate sobre lo material y lo cultural, en la política real, el clúster de partidos que conforman UP aceleran en ambos sentidos a la vez.

Lo inmediato –la subida del recibo de la luz y la batalla por garantizar unas condiciones de suministro en ese espacio madrileño de infravivienda que es la Cañada Real– copa la actividad de la formación estos días, tanto en lo parlamentario como en lo ejecutivo, tratando de dar cobertura al alcalde de Rivasvaciamadrid, que se las tiene tiesas con Naturgy porque el parasitado de la red eléctrica que ejercen los narcos ha servido como coartada para dejar sin suministro a varios miles de familias en lo más crudo del crudo invierno. Por detrás, la sospecha política de que la Cañada Real es un obstáculo para que el Turbomadrid del ladrillo prosiga su expansión y que un corte de suministros puede ser una solución que agilice el desmontaje de la mayor favela de Europa. A la vez, UP trata de que la repentina subida del recibo permita reabrir uno de los debates que no logró ganar en su negociación de un acuerdo de Gobierno con el PSOE: la creación de un operador eléctrico público. Y de paso poner fin al sistema liberalizado de fijación de precios de la luz.

Que lo urgente no distraiga de lo importante: en el trimestre que ahora comienza, UP, desde el Gobierno, tiene previsto retomar alguno de los asuntos que quedaron pendientes con la pandemia. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que entre enero y marzo había avanzado en el desmantelamiento de la reforma laboral del PP, tuvo entonces que abandonar la batalla ante la necesidad de acometer los planes especiales para la pandemia. En el orden del día del diálogo social, en cuanto terminen los trabajos de la regulación de los riders, se retomará la discusión sobre el mercado de trabajo, a pesar de las prevenciones de la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, que nunca ha visto con buenos ojos esa derogación. Ni cuando Pedro Sánchez la puso en el programa electoral.

Esta semana, miembros del Ejecutivo y el grupo parlamentario confederal pactarán el calendario de acción política de los próximos meses, pero entretanto, ya se sabe que la nueva ley de Vivienda, que deberá pasar por el Consejo de Ministros en febrero, será uno de los caballos de batalla. En el Congreso están pendientes la culminación de la tramitación de las leyes de cambio climático, la ley Rhodes (de protección de la infancia) y la ley de Libertades Sexuales, así como la polémica reforma legal para limitar la autonomía del CGPJ con mandato extinto. UP no ha renunciado a modificar las mayorías de elección para ese órgano. Y este mes deberá pactar con el PSOE qué hacer con la comisión Kitchen.

Esperan turno la ley Trans, la LGTBI y la derogación de la ley mordaza, mientras en la retaguardia intelectual del espacio del cambio se discute si los ultras del Capitolio son clase trabajadora o simples neofascistas. Descarriados de los nuestros, ofendidos por la pujanza del feminismo y la corrección política, o abducidos degustadores de las más insensatas teorías de la conspiración. Entretanto, la luz subió un 27% y en la Cañada Real se calientan con estufas.