El Govern se inclina por retrasar las elecciones a mayo y solo se opone el PSC

Los partidos tomarán mañana la decisión definitiva, que es probable que acabe en los tribunales o en la Junta Electoral Central

Salut y el Síndic de Greuges aseguraron ayer que hasta 216.000 personas podrían quedarse sin votar si se mantienen las elecciones el 14-F. El retraso está casi hecho.

Si se confirma la decisión de aplazar el 14-F, el vicepresident Pere Aragonès deberá firmar un decreto por el que se suspende el proceso electoral por la situación epidemiológica. Ahí empezará la batalla jurídica. El decreto podrá ser recurrido por la vía contencioso-administrativa ante el TSJC por cualquiera que se considere “perjudicado”, pero además deberá contar con el visto bueno de la Junta Electoral Central. El precedente que se sigue en el Govern es el de Galicia y el País Vasco, aunque ambas comunidades cuentan con ley electoral propia y por tanto los decretos de suspensión fueron abordados por sus respectivas juntas electorales. Ambos organismos asumieron que en las circunstancias de declaración de emergencia sanitaria y estado de alarma no podían celebrarse las elecciones con garantías, tanto para la salud pública como para el ejercicio del derecho de voto. Validaron que la suspensión la debía decretar el presidente autonómico y el proceso electoral se repitió íntegramente: se validó un nuevo censo, unas nuevas candidaturas y se constituyeron otras juntas electorales provinciales y de zona. Estas son precisamente algunas de las preguntas planteadas por el Govern a sus servicios jurídicos.