Olor a marihuana

Esta noche, a las 4.30 h, recibimos aviso de un incendio en un inmueble de dos pisos en la calle Escorpí. No había nadie en el interior. Los bomberos localizan plantaciones de marihuana en los pisos superiores, aproximadamente 250 plantas. Los Mossos d’esquadra se hacen cargo de las diligencias”. Es un tuit que la Guardia Urbana de Figueres colgó el lunes. Lo leí cuando la periodista Anna Punsí, que sabe, lo rebotó con este comentario. “No es el primer caso”. Al contrario. Tirando un poco del hilo, se constata de inmediato que en la capital del Alt Empordà la producción y distribución de marihuana ya no es noticia porque ha dejado de ser novedad. Es cotidianidad degradante que va carcomiendo el futuro de la ciudad entre la angustia de vecinos, el desbordamiento de la administración local y la desidia de la Generalitat.

Ahora hará diez años, casi sin querer, la policía descubrió un piso donde se cultivaba marihuana. El inquilino no pagaba el alquiler y el propietario le fue a reclamar las mensualidades. El primero se dio el piro y el segundo flipó. Dos habitaciones estaban llenas de plantas de medio metro –eran casi doscientas, cada una con su tiesto– y había cuatro transformadores, ocho fluorescentes, cuatro tubos de ventilación y cada uno de ellos con su extractor respectivo. Al cabo de un año, en un piso embargado, crecían trescientas plantas más usando un instrumental similar y, entonces como ahora, gracias a la electricidad que dos vecinos obtenían pinchando los contadores de la comunidad. En marzo del 2013 eran 3.000 plantas en ocho pisos del barrio de Sant Joan.

Desde entonces, como ha contado el periodismo local, ha sido un no parar. Y hasta el lunes. El último septiembre se produjo una persecución entre la policía y un traficante que acabó con tiros de los Mossos para dispersar a cien personas que los estaban asediando. A mediados de noviembre, de un inmueble de 24 pisos de una calle céntrica, siete estaban dedicados al cultivo de marihuana (en esta ocasión se decomisaron 2.300 plantas) y los pocos vecinos que vivían en el edificio ya estaban hasta el gorro del olor que tenían que respirar 24 horas al día. A finales del mismo mes, en el paseo Nou, otros vecinos protestaron por los olores de su edificio. La policía fue y se les escapó un presunto delincuente cuando había tirado una bolsa dentro de la que se encontraron 5,3 kilos de marihuana. A mediados de diciembre se detenía a una persona acusada de cultivar 2.500 plantas en la masía que había alquilado y de haber pinchado la luz también.

La problemática de la marihuana en Figueres se ha vuelto endémica y actúa como un multiplicador de uno de los procesos de segregación urbanística y social más intensos que se viven en Catalunya. La clase media abandona la ciudad y en proporción la inmigración crece, el centro se abarata y los guetos se blindan, y el turismo, que era el principal sector económico de la ciudad (con todos los problemas que tiene si es un monocultivo), ha colapsado con la pandemia. ¿Quién actúa? Revertir este proceso de degradación va mucho más allá de la capacidad de un ayuntamiento. Pero ¿alguien tiene hoy la inteligencia pragmática para afrontar un reto tan complejo como este y lo entiende como una prioridad de su agenda? No lo parece. De aquí a las elecciones oiremos una y otra vez a candidatos tirándose los trastos a la cabeza sobre hipotéticos pactos y posibles vetos, hablando a cada momento de las cosas de la política y no de la política de las cosas –para decirlo con la fórmula del maestro de la opinión Iñaki Gabilondo–. Pero más que palabras, palabras, palabras, urge que quien quiera gobernar, más que repetir de nuevo un relato antipolítico que se ha demostrado estéril, prefiera gestionar la realidad. Sobre todo la más dura. Figueres como problema y reto, como símbolo y realidad.

Urge que quien quiera gobernar gestione la realidad, sobre todo la más dura