La Vanguardia

Un juzgado ordena vacunar a una anciana incapacita­da

La hija de la mujer se había negado a la inmunizaci­ón

- JAVIER RICOU / ANTONI LÓPEZ

Un juzgado de Santiago de Compostela ordenó vacunar contra la covid a una mujer incapacita­da, usuaria de una residencia de la ciudad, en contra de la opinión de su hija, familiar de referencia de la anciana, de 84 años. La resolución, dictada el pasado sábado después de un informe forense favorable, es pionera en España, y se fundamenta en la prevalenci­a de la salud sobre la opinión de los familiares de la residente.

El auto del juez Javier Fraga, a petición de la residencia Domus Vi San Lázaro, indica que procede inmunizar a la anciana para evitar el riesgo vital que supone la pandemia, según adelantó El País. “Vacunarse y no hacerlo conllevan un riesgo que forzosamen­te ha de asumirse pues no caben opciones intermedia­s. En tal tesitura, la cuestión se reduce a una pura ponderació­n de cuál sea el riesgo mayor”, argumenta, y agrega que los beneficios de la inmunizaci­ón superan largamente los riesgos: “Es mucho más fácil padecer lesiones graves por una enfermedad prevenible mediante vacunación que por una vacuna”.

La hija expuso que se oponía a la vacunación de la mujer por la presión de sus hermanos o por el temor a posibles reacciones adversas, y argumentó ante el juez que le parecía más sensato esperar a ver los posibles efectos en otras personas.

Respecto a la segunda dosis, prevista al cabo de tres semanas, el juez solo autoriza su cancelació­n si la afectada recuperara su capacidad o exámenes médicos desaconsej­aran la administra­ción del la vacuna. Si los hijos deciden sacar a la anciana de la residencia, deberán devolverla para la inyección de las dos tandas del fármaco de Pfizer y Biontech.

El suministro de las vacunas supone un esfuerzo adicional para los responsabl­es y el personal de las residencia­s. Antes de inyectarse el fármaco se requiere que los usuarios firmen un documento dando su consentimi­ento. Para ese trámite resulta clave, afirman desde los geriátrico­s, la colaboraci­ón de los familiares, principalm­ente con aquellas personas que están en el grupo de grandes dependient­es.

Todo esto supone un trabajo extra en gestión y no siempre –como en el caso de Santiago de Compostela– se consigue lo que aconsejan las autoridade­s sanitarias. Andrés Rueda, presidente de Ascad, asociación que representa a alrededor de 250 directores de residencia­s de Catalunya, revelaba días atrás a La Vanguardia que algunos familiares (eso afectaría en esta primera fase de vacunación a alrededor de un 10% de los usuarios) se niegan a que sus parientes sean vacunados.

Y en principio, desde los asilos se estaría cumpliendo este deseo. Sin consentimi­ento no se inyecta. Rueda confía en que este porcentaje se reduzca, pero considera que para ello necesitan más apoyo de Salut para convencer a esos familiares reacios a que se suministre­n esas dosis a los tutelados.

En Catalunya los familiares del 10% de los usuarios de las residencia­s rechazan que sean vacunados

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MANÉ ESPINOSA Una usuaria de una residencia de Mataró recibe la primera dosis de la vacuna de Pfizer

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