El sumario desvela la presión en Iqoxe antes del accidente
Un año después, la investigación judicial, dividida en tres piezas, sigue abierta y sin concretarse todavía las causas del accidente
El 14 de enero del 2020, a las 18.37 horas, explotó el reactor U-3100, uno de los cinco que había en la planta de derivados de Iqoxe. Concurrían, según consta en el auto judicial, varias deficiencias de seguridad “como la desactivación parcial del funcionamiento del sistema de alarmas, insuficiencia de personal para la vigilancia del proceso de fabricación y deficiencias en el mantenimiento de las instalaciones y maquinaria”. Aquella tarde se produjo una explosión nunca vista. Murieron tres personas, ocho resultaron heridas y quedó en evidencia la falta de coordinación y medios para afrontar una accidente de este calibre. Un año después, sindicatos y entidades denuncian que poco o nada se ha avanzado en materia de seguridad. El testimonio de los empleados de Iqoxe que recoge el sumario da una idea de la tensión a la que estaban sometidos los trabajadores de la planta siniestrada: “Se nos exigía más de lo que podíamos dar, se exigían unos tiempos imposibles de cumplir (...) un operador controlaba dos plantas a la vez y había estrés porque tenía que dejar de controlar el panel y salir fuera a atender otros trabajos de campo”. No hacía ni un mes, por ejemplo, la dirección había despedido a seis trabajadores, lo que implicó la reducción de un empleado por turno.
La empresa como persona jurídica y sus dos principales responsables, el consejero delegado José Luis Morlanes y el director Juan Manuel Rodríguez Prats, están investigados por delitos de imprudencia grave con resultado de muerte, lesiones, daños y contra el derecho de los trabajadores. Dada su complejidad, la juez ha dividido la causa en tres partes: la pieza principal sobre la explosión y dos piezas más separadas.
Una, por las actuaciones empresariales y administrativas para incrementar “significativamente” la capacidad de producción de la empresa. “En el 2016 se solicitó la modificación no sustancial para la construcción del reactor U-3100 (el que explotó) en sustitución del U-350, pero este siguió funcionado de forma clandestina”, dice el auto.
La otra pieza separada investiga delitos relacionados con el medio ambiente. Dado el incremento de la producción, la depuradora de aguas residuales de la empresa no daba al abasto “y se realizaban regularmente vertidos directos al mar por las noches y los fines de semana para no ser detectados y se trataban con un desespumante”, dice el auto.
La misma tarde de la explosión se detectó una fuga en una de las bombas del reactor. Los testimonios que recoge el sumario relatan problemas de diseño del U-3100 e incidentes registrados anteriormente como oscilaciones de temperaturas y de presión cuando fabricaba MPEG (derivado del óxido de etileno) y otros problemas, (“permanentemente la bomba goteaba líquido de cierre”) o fugas en los intercambiadores. El sumario relata otras anomalías como “manipulaciones” en los resultados de los análisis de los productos si no se correspondían con las especificaciones requeridas por el cliente.
El portavoz de la empresa ha sostenido en todo momento que la plantilla es suficiente “y está por encima de las cifras que marca el convenio” y mantiene que en el sumario “no hay ninguna prueba que demuestre que había mala praxis”. Sobre las causas del accidente se han realizado dos estudios con resultados contradictorios. El del Institut Químic de Sarrià, encargado por Iqoxe, sostiene que fue el producto acabado el que explosionó. El de la consultora danesa DNV, encargado por la Generalitat, pese e a las dificultades para obtener información, indica que un incendio pudo haber provocado la descomposición del óxido de etileno e identifica fallos en las barreras de seguridad.
El testimonio de los empleados relata problemas de diseño y funcionamiento del reactor que explotó