Celsa pierde la protección judicial para no pagar a los acreedores

La coraza ha durado nueve meses. El juzgado de primera instancia número 60 de Madrid revocó el pasado lunes las medidas cautelares por las que Celsa estaba blindada ante sus acreedores financieros desde el pasado mes de abril. En ese momento, la siderúrgica catalana evitó incurrir en el impago de intereses y amortización de deuda que le correspondía y a los que no podía hacer frente. También esquivó el incumplimiento de los covenants o compromiso de cumplir con determinadas ratios que hubieran activado la ejecución de las garantías y, quizás, la pérdida del control de la empresa. Francesc Rubiralta logró una importante victoria gracias a la invocación de la cláusula rebus sic stantibus ,y el juez consideró oportuno conceder cautelarmente un año de carencia al apreciar que la pandemia había alterado de forma inesperada y brutal su capacidad de pagar y no resultaba justo exigir el cumplimiento del contrato. El lunes, como avanzó ayer El Confidencial, el juez se desdijo al comprobar que la empresa había pedido lo mismo en un juzgado de Barcelona que denegó previamente las cautelares a Celsa.

La compañía deberá procurar llegar ahora a un acuerdo con los fondos acreedores, que podrían intentar forzar cambios en la gestión o su incorporación al capital de forma amistosa antes de exigir judicialmente la ejecución de las garantías de la deuda ahora sí impagada. En paralelo, la empresa está a la espera de que se resuelva la solicitud cursada al fondo para la solvencia de empresas estratégicas de la SEPI, a la que pidió 350 millones de euros el pasado mes de octubre. Fuentes conocedoras de este proceso aseguraron ayer que la resolución del expediente se encuentra en una fase muy avanzada.