El victimismo aburre
No parece serio, por utilizar una expresión suave, que la consellera de Presidència de la Generalitat, Meritxell Budó, que además es la portavoz del Consell Executiu, acuse al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de crear incertidumbre política. En un Estado de derecho, los tribunales tienen entre sus misiones el control de las decisiones de los gobiernos. El motivo de su recriminación es que los siete magistrados del TSJC han suspendido cautelarmente la decisión de la Generalitat de aplazar las elecciones 105 días, hasta el 30 de mayo.
¿Cuál es la razón jurídica del Alto Tribunal, tras haber recibido una serie de recursos? Pues algo tan fácil de entender técnicamente como que la fecha inicial de las elecciones es el resultado de la aplicación de la letra del Estatut, después del cese del president Quim Torra. Como la lucha por la hegemonía del mundo independentista impidió que el vicepresidente Pere Aragonès fuera elegido en su lugar a fin de que el candidato de ERC no tuviera la visibilidad que da el cargo, Catalunya
No es serio en un Estado de derecho que un gobierno rechace el control de los tribunales
pasó a no tener president, en lo que resultó un desprecio intolerable a la propia institución. Que ahora se ha visto que, además, es fuente de impugnaciones, pues solo el presidente puede decidir el día de las elecciones.
La oposición ha cargado contra los defectos jurídicos del decreto firmado por el vicepresidente en funciones de presidente, pero no es menos cierto que los letrados advirtieron que había que motivar muy bien la suspensión, porque anular unas elecciones convocadas tensa el principio democrático. Como además no se consiguió el consenso de los partidos, el problema estaba servido.
Las elevadas cifras de contagio son un argumento comprensible para cambiar la jornada electoral, pero con datos aún peores Portugal irá el domingo a las urnas, porque la Constitución del país prohíbe su retraso. En Galicia y el País Vasco se pudieron aplazar en su día, porque se consiguió la unanimidad de todas las fuerzas.
La judicialización de la política es un problema que este país arrastra, pero la cuestión que nos ocupa no es este caso. Es un ejercicio de victimización que Oriol Junqueras diga que el Estado aplica un 155 encubierto o que la portavoz de ERC argumente que “el PSC apunta, la Moncloa maniobra y la justicia ejecuta”. El Govern no solo no tiene president, sino que empieza a quedarse sin argumentos. Y eso es toda una invitación a no retrasar mucho las elecciones catalanas.