Mediación como eje de justicia
Una de las más grandes aspiraciones de los sistemas de justicia en un Estado de derecho es la mejora continua del acceso a esta; propósito al que se dirigen los métodos alternativos de resolución de controversias como la mediación, cuya esencia reside en la empatía como facultad de ponerse en el lugar de la otra persona buscando un entendimiento recíproco.
Europa, en su objetivo de crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, hace tiempo que ha apostado por los denominados métodos alternativos de solución de conflictos (MASC) como coadyuvantes de la administración de justicia. La directiva europea sobre mediación del año 2008 supuso un gran paso en esa dirección, al reconocer sus virtudes en los ámbitos civil y mercantil, donde la flexibilidad y la agilidad de un procedimiento extrajudicial basado en la autocomposición y en la neutralidad de un tercero se adaptan a las necesidades de asuntos en los que predominan el interés privado y el principio dispositivo.
La ley de Mediación del año 2012 por la que se traspone la directiva también se hizo eco del reto que implica “la implantación de una justicia de calidad capaz de resolver los conflictos que surgen en una sociedad moderna y, a la vez, compleja”. Sin embargo, la creciente litigiosidad de los últimos años reclama reformas que promuevan la cultura del pacto, pues las soluciones en un litigio no necesariamente tienen que estar –al menos de forma exclusiva– en un juzgado. La mediación sirve tanto para la satisfacción de una controversia de manera rápida y eficaz, como para encauzar una determinada situación antes de que escale hasta posturas irreconciliables, que es lo que suele suceder cuando se plantea ante un órgano judicial.
En este contexto, no es de extrañar que desde un punto de vista de política legislativa se insista en fomentar la mediación, tanto por las ventajas que tiene para los usuarios como por su potencial a la hora de contribuir a la modernización de la administración de justicia. Precisamente, el anteproyecto de ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia recoge el testigo de la ley de Impulso de la Mediación, que finalmente no ha visto la luz debido a la coyuntura de unas sucesivas convocatorias electorales en el año 2019 y una pandemia con unos efectos devastadores en el año 2020.
La pandemia de la covid nos ha colocado en un punto de inflexión que debemos aprovechar para acometer la inaplazable transformación de la justicia, actualmente colapsada por una falta endémica de recursos que hoy podemos superar si canalizamos las reformas con un apoyo presupuestario adecuado, que puede venir del Fondo Europeo de Recuperación.
Los medios adecuados de solución de controversias constituyen, junto a las previsiones en materia de agilización procesal y nuevas tecnologías, uno de los principales ejes sobre los que vertebrar una justicia digna; y a tal fin, son imprescindibles campañas que den a conocer sus bondades para superar la llamada paradoja de la mediación derivada del poco uso de esta pese a sus cualidades: solo hay que valorar el ahorro económico, temporal y emocional respecto a la vía judicial. Además, supone una oportunidad para implicar y responsabilizar a la ciudadanía en la resolución de sus controversias; circunstancia sin duda imprescindible en litigios donde la continuidad de la relación de las partes, como por ejemplo en un divorcio, resulta esencial para el buen fin de los acuerdos cuya ejecución se extenderá en el tiempo.
El protagonismo de los MASC es incuestionable, hasta el punto de que el anteproyecto habla de situarlos al lado de la propia jurisdicción por tratarse de instrumentos que cuentan con un amplio respaldo –tanto a nivel estatal como europeo– de los colectivos profesionales, y que sirven a la máxima ilustrada de que “antes de entrar en el templo de la justicia se ha de pasar por el templo de la concordia”; un principio profundamente arraigado en la deontología profesional de la abogacía, cuya actuación debe priorizar siempre la vía consensual y el acercamiento de las partes. En ese sentido, la obligación de acudir a una sesión de mediación informativa y exploratoria del conflicto, así como la introducción de la negociación previa como requisito para la admisión de una demanda en determinados supuestos, no solo resulta compatible con la tutela judicial efectiva, sino que supone una forma de asegurar esta. Por otro lado, el uso de los MASC es un modo de medir la actitud de las partes en términos de buena fe procesal y puede determinar la posición del tribunal respecto a un eventual abuso del sistema público de justicia; un elemento de nueva creación y que se señala como incompatible con la sostenibilidad del servicio.
Por eso, en el día internacional de la Mediación, además de reflexionar sobre el papel que desempeñará esta dentro de la justicia, se impone reivindicar de las instituciones un mayor compromiso respecto a tales instrumentos, dándolos a conocer no solo entre la ciudadanía sino también entre los profesionales, para avanzar así en la secular misión del ordenamiento jurídico de garantizar la paz social y la convivencia.
La creciente litigiosidad de los últimos años reclama reformas que promuevan
la cultura del pacto
M.E. GAY ROSELL, decana del Colegio de la Abogacía
de Barcelona