Escrivá propuso en diciembre ampliar a 35 años el cálculo de la pensión
Elevar de 25 a 35 años el periodo de cómputo del cálculo de las nuevas pensiones se ha convertido en una de las polémicas más agrias que ha enfrentado los dos partidos que forman el Gobierno. Ayer mismo el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, insistió en desvincularse de esta medida, que finalmente el Gobierno no ha remitido a Bruselas exactamente en dichos términos, dentro del paquete de reformas vinculado a la asignación de fondos europeos.
En una entrevista en Onda Cero, Escrivá aseguró con reiteración que “es un tema que no existe y que no ha existido” y lo atribuyó a “la creación de una narrativa”, evitando señalar a los socios de Unidas Podemos, que rechazaron la propuesta desde un primer momento.
Sin embargo, tal y como adelantó La Vanguardia a mediados de diciembre, el borrador con la propuesta estuvo sobre la mesa y el responsable de Seguridad Social se lo presentó a buena parte de sus compañeros de gabinete, en el seno de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. El borrador del documento, titulado Sostenibilidad del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo, contempla nueve reformas, incluida “la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación”.
En el apartado que describe esta medida, se detalla que “se plantea ampliar el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, pasando de los 25 últimos años de referencia en el 2022 hasta un máximo de 35 años de manera progresiva, contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora cuando se supere este umbral junto con la revisión del procedimiento de integración de algunas”.
Más adelante, en el mismo texto, se argumenta que la medida “pretende aumentar la contributividad del sistema haciendo que la pensión de jubilación refleje en mayor medida la vida laboral del
trabajador”. Además, defiende que el cambio “tiene encaje en la recomendación 11 del Pacto de Toledo” y detalla que “el efecto medio de calcular la pensión sobre un máximo de 35 años en lugar de 25 supondrá, a las pensiones comprendidas entre la mínima y la máxima, una reducción de la pensión inicial del 6,3%”.
Ayer, desde el Ministerio de Seguridad Social manifestaron que el citado texto fue “uno de los centenares de borradores sobre los que se estuvo discutiendo” y que la medida de aumentar hasta 35 años el periodo para calcular la prestación de un nuevo jubilado “no llegó al planteamiento final que se hizo a Bruselas”.
Después de confirmarse que esta medida no estaba incluido en los documentos enviados a la Comisión Europea, Escrivá aseguró que tienen que hacer numerosos cálculos para poder hacer una propuesta a los agentes sociales sobre cómo abordar el cómputo de las pensiones. El líder de UGT, Josep Maria Álvarez, volvió a avisar al Gobierno que no apoyará cambios en el sistema de pensiones que impliquen recortes de las prestaciones.