El TC enfila la legislación catalana sobre vivienda
El tribunal ultima una sentencia clave para la ley estatal
Partidos y entidades sociales aseguran que 3.289 familias serán desahuciadas si el TC falla contra la ley
El Tribunal Constitucional (TC) ha incluido en el orden del día de su pleno de enero la resolución del recurso presentado por el PP contra el decreto 17/2019 y el 1/2020 de la Generalitat sobre medidas urgentes en materia de vivienda, que establecieron topes a los alquileres y prohibieron a los propietarios subir las rentas.
El tribunal ha acelerado en la tramitación del recurso, presentado el pasado mes de junio, desbaratando los planes de la Generalitat y del Gobierno de Pedro Sánchez. Éste evitó recurrir la norma y en cambio lo llevó a la comisión bilateral Estado-generalitat, para tratar de consensuar una modificación de los decretos o la interpretación de los artículos más polémicos.
El PP ha basado su recurso en la falta de competencia de la Generalitat para regular el alquiler urbano, y en que la norma vulnera el derecho a la propiedad privada, al obligar a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social durante siete años a los inquilinos que se consideren en situación de vulnerabilidad.
Los dos decretos desarrollan la ley de Vivienda catalana del 2015, y fueron ampliados a finales de diciembre con otro decreto que impide a los propietarios repercutir a los inquilinos costes como la comunidad o el IBI, que sí permite la ley de Arrendamientos Urbanos estatal.
Fuentes inmobiliarias destacaron que una resolución del TC no solo reordenaría la legislación catalana, sino que marcaría los límites a las medidas a favor del alquiler social que prevé incluir la futura ley de Vivienda, que están negociando PSOE y Podemos. Esta norma prevé trasladar al conjunto del Estado algunas medidas de la ley catalana, especialmente el establecimiento de topes a los alquileres y la prohibición de desahuciar a familias vulnerables.
Partidos, organizaciones sociales y activistas inmobiliarios se movilizaron el martes ante el Parlament de Catalunya para exigir al Gobierno que cierre un acuerdo urgente con la Generalitat, lo que a su juicio obligaría al TC a revisar su resolución, que en principio prevé emitir el 25 de enero.
En el acto participaron representantes de Jxcat, ERC, Podem y la CUP y se leyó un manifiesto en el que destacaron su temor a que la sentencia” propuesta por un juez ponente conservador”, sea desfavorable, aunque a su juicio la norma es constitucional.
La PAH, una de las entidades impulsoras de la normativa catalana, aseguró que el decreto ha obligado a grandes propietarios a hacer 2.200 ofertas de alquiler social para evitar desahucios en menos de un año. Además, señalaron que 3.289 familias serían desahuciadas si la sentencia es negativa, ya que están en precario y pendientes de un alquiler social: 1.399 por el impago del alquiler, 1.324 ocupaciones y 566 desahucios por el impago de la hipoteca.