La inhabilitación
Incompetencia tras incompetencia (solo faltaba que España perdiera miles de dosis de la vacuna Pfizer por no tener las jeringas adecuadas), el único estamento que no parece incompetente es el que cuida de la represión.
En este Estado democrático tan lleno de agujeros, donde su ministro del Interior, señor Marlaska, puede estar implicado en siete sentencias sobre torturas emitidas por Estrasburgo, sin que pase nada, la maquinaria de la represión es, ciertamente, minuciosa, persistente y eficaz. Por cierto, entre paréntesis, son de órdago las declaraciones de la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, asegurando que España no es el país con más condenas por torturas, después de la enésima sentencia de Estrasburgo por no investigar las torturas a Iñigo Gónzález en el 2011. Debe de ser aquello del “le pego lo normal”, en versión “torturamos lo normal”... La democracia española muestra heridas profundas por todas partes, desde la práctica de la tortura (y hablamos de años recientes), o la extrema politización de la justicia (las declaraciones de Lesmes plantando cara al Ejecutivo son para enmarcar), hasta la cantidad de sentencias contrarias que sufre en Europa, pasando por la espesa red represiva que ha activado para castigar los anhelos catalanes. Pueden construir submarinos que no se sumergen, o no saber quién es M. Rajoy en un sumario por corrupción del PP, o tener un país trinchado económicamente, pero ostentar la red de alta velocidad mayor del mundo, después de China. O, incluso, pueden ser tan inútiles todos sus controles democráticos, como para no darse cuenta de las alegrías económicas, horizontales y/o comisionistas de su ex jefe de Estado, al cual, por cierto, le pagan las huidas. Todo puede pasar en España, menos que se frene la maquinaria represiva, que no solo no detiene nunca el calendario, sino que no falla en la dirección que toma. Y, tal vez por pura fanfarronada o por mostrar su incontestable poder, ni siquiera guardan las formas.
La última barbaridad ha sido la condena del TSJC contra Bernat Solé, por desobediencia por el 1-O, cuando era alcalde de Agramunt. Lo han hecho ahora, en medio del conflicto por las elecciones y contra el conseller que las tiene que organizar. Y todo en un goteo permanente de sentencias que tienen como objetivo la criminalización de una amplia ciudadanía que hizo posible votar, a pesar de la represión brutal que sufrió. Torturan “lo normal”, reprimen “lo normal”, y a ir pasando, que en Madrid la divina Ayuso garantizará el uso del castellano en la enseñanza. ¿Será que hasta ahora utilizaban el arameo?
Todo puede fallar en España, menos
que se frene la maquinaria represiva