Estamos tocando el fondo
La respuesta de la Unión Europea a la crisis provocada por la covid ha sido avanzar en su institucionalización para impulsar la transformación económica de los estados miembros y así poder ser competitivos en el orden global que se está compactando. Lo apuntábamos ya el domingo. La herramienta que debe posibilitar este cambio verde y digital son los fondos Next Generation UE: 750.000 millones, de los que a España le corresponden 140.000. El compromiso principal de las administraciones para con sus ciudadanos, al tiempo que responden a la incierta crisis sanitaria, debería ser crear las condiciones para que el tejido empresarial del país converja con esa transformación. Es un reto que va más allá de la ideología. Es un proyecto de país. Quedar descolgados del cambio supondría condenarse a no poder participar de la prosperidad necesaria para la resiliencia de una sociedad. ¿Cómo, pues, se conseguirán los fondos? ¿A qué se destinarán? ¿En función de qué intereses? La respuesta a estas preguntas condicionará la reorganización del poder español de las próximas décadas. De la economía y la sociedad.
La concesión de los fondos está sujeta, primero, a la presentación de un plan de reformas e inversiones. Europa lo debe aprobar y luego seguirá transfiriendo en función del cumplimiento de los hitos fijados. Aunque partidos y actores relevantes defendieron que una agencia independiente elaborase el plan (se ha hecho en diversos países), la Moncloa optó por centralizarlo. Y en un real decreto el Gobierno fijó una estructura de gobernanza enrevesada que, por ahora, no es del todo clara y más bien parece una telaraña para gestionar los fondos en función de su dinámica interna: el alcance de las reformas, específicamente españolas (del abandono escolar a la sostenibilidad del sistema de pensiones), tensa la coalición gubernamental aunque se está negociando ya con Bruselas –donde el prestigio es de los ministros Calviño o Escrivá–. A finales de primavera deberá presentarse la versión definitiva. Vivimos meses cruciales.
Ha sido también el Gobierno el que ha fijado las “manifestaciones de interés” del plan y el volumen que invertirá en cada una de ellas. Como mínimo serán un 37% a transición ecológica y un 20% a transición digital. Puede desglosarse de manera paralela: un 22% se dedicará a modernización y digitalización del tejido industrial y de las pymes y recuperación del turismo; un 19% a agenda urbana, rural y lucha contra la despoblación; 14% a ecosistemas resilientes e infraestructuras; 12% a educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades; 10% a transición energética justa e inclusiva; 8% para un pacto por la Ciencia y la Innovación; 8% a nueva economía de los cuidados y políticas de empleo; 6% a modernización de las administraciones públicas, y el farolillo rojo, con un 1%, al impulso de la industria del deporte y la cultura. Así se proyecta una idea determinada del país que se quiere ser.
Y de la citada estructura de gobernanza se desprende también una determinada idea de la mecánica del país. Se ha creado una conferencia específica del Gobierno con las comunidades autónomas sobre los fondos. Hoy hace una semana se reunió por primera vez. En teoría la conferencia se presentaba como una herramienta de cogobernanza, pero el reglamento de la ministra de Hacienda evidenciaba que las autonomías se siguen pensando como una mera correa de transmisión de su política. Hubo quejas de consejeros. Se prometen cambios. ¿Podrá actuar el Govern en funciones como un interlocutor cualificado en este foro y en función del peso económico de Catalunya? Su falta de autoridad dificulta que pueda defender los proyectos competitivos que aquí maduran comisiones de especialistas y difícilmente contarán con el liderazgo político para alinear las instituciones como necesitan empresas públicas y privadas. Así llegamos al momento crucial, cuando estamos tocando el fondo.
La falta de autoridad del Govern dificulta que sea un interlocutor cualificado
para los fondos de la UE