El Gobierno salva los fondos europeos con la abstención de Vox
Los independentistas, inmersos en la campaña electoral, votan contra el decreto de ejecución junto al PP y Ciudadanos
Estimulantes e inesperadas posiciones a corto en el Congreso, que ayer parecía un eco local del lío que la chavalería digital ha provocado en Wall Street. Para los titulares quedará que Vox contribuye, con su abstención, a la aprobación del decreto ley gubermanental que reforma los procedimientos administrativos para agilizar la gestión de los fondos europeos. Pero debajo del titular los movimientos fueron vertiginosos. La jugada de Vox, que tanto el grupo de extrema derecha como la vicepresidenta Carmen Calvo juraron que no obedecía a ninguna negociación específica –“nosotros ni negociamos ni negociaremos nada con el Gobierno”, enfatizaba el portavoz del partido ultra, Iván Espinosa de los Monteros–, interpela al PP, que se borra del eje del entendimiento bipartito. Calvo se rasgaba las vestiduras ante la prensa por semejante “deslealtad”.
El juego de las sillas lo había desatado ERC, cuando la tarde anterior anunciaba su voto contrario a un decreto que reorganiza el funcionamiento administrativo y de contratación para dar velocidad al visado de proyectos a los que se aplicarán los fondos europeos, cuya principal dificultad es la relación entre cantidades que inyectar y el escaso margen temporal. Al lado de ERC se posicionaron las otras tres fuerzas independentistas catalanas, Jxcat, PDECAT y CUP, probando que la inminente cita con las urnas en Catalunya exigía a todos ellos pasar al lado del PSOE sin saludar.
En evidente contraste, los dos grupos vascos apoyaron el decreto, contribuyendo a su aprobación. El PNV lo hizo de forma muy crítica, advirtiendo al Gobierno que se le está acabando el crédito para llevar decretos al Congreso y fiarlo todo a la “responsabilidad de Estado” de los demás. El aviso del PNV al Gobierno sonó muy duro y fue repetido por portavoces de casi todos los grupos de la mayoría de investidura, un reproche que se lleva oyendo meses en la Cámara Baja y que se resume en “no pueden venir ustedes aquí cada semana a pedirnos el apoyo a sus decisiones si no negocian antes”.
Joan Baldoví, de Compromís, fue de los más explícitos y lleva repitiendo la misma advertencia desde que el Gobierno echó a andar. EH Bildu, de quien se daba por probable la abstención pero no el voto a favor, negoció con el PSOE un compromiso de mayor control sobre el reparto y gestión de fondos y mejor financiación de las administraciones locales. Y votó que sí, junto a Más País, Compromís, PRC, Teruel Existe y Coalición Canaria. El paquete del voto negativo fue esta vez de lo más pintoresco, porque estaban PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias representando al bloque autodenominado “constitucionalista”, y también su némesis independentista casi en pleno: ERC, Jxcat, PDECAT, CUP y BNG.
La carambola, con la que Vox dejaba a PP y Ciudadanos en situación de fuera de juego posicional, provocaba los reproches de estos últimos a la formación de Santiago Abascal a la que calificaban, de forma no exenta de comicidad, de “socio” del Gobierno. El portavoz adjunto del PP, Teodoro García Egea, etiquetó a Vox como “salvavidas” de Sánchez. La pugna electoral catalana está muy apretada por arriba, pero también por abajo.
El Congreso rechaza las enmiendas a la reforma del CGPJ, que podría ser ley a principios de marzo
En la misma sesión, y a la misma hora que el Consejo General del Poder Judicial aprobaba siete nuevos nombramientos, el pleno rechazaba las enmiendas de PP, Ciudadanos, Vox y Jxcat a la reforma del órgano impulsada por PSOE y Unidas Podemos, que reduce las capacidades de un CGPJ en funciones.
Si los trámites siguen un curso normal, la reforma puede salir del Congreso a finales de febrero, pasar por el Senado dos semanas después y estar en el BOE en la primera mitad de marzo.