¿Confinamiento o detención?
Polémica por la dura ofensiva contra la covid en la provincia argentina de Formosa
Durante la dictadura argentina (1976-1983), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo en 1979 una histórica visita a Buenos Aires para constatar la represión del régimen militar. Las huellas de la dictadura hacen que la expresión derechos humanos sea muy sensible en Argentina. Por esto, otra visita ha causado revuelo esta semana en el país.
No hay desaparecidos ni asesinados como hace cuarenta años, pero en la provincia de Formosa hay cientos de personas privadas de libertad que denuncian que el Gobierno autónomo viola sus derechos humanos. Ingresadas por la fuerza en centros de aislamiento aunque no sean positivas solo porque las autoridades sospechan que padecen la covid, obligándolas a una cuarentena bajo estricta vigilancia policial.
El presidente peronista Alberto Fernández ha hecho la vista gorda en Formosa, alegando la amplia autonomía provincial. Pero, tras la difusión de vídeos donde se evidencian los abusos, Fernández envió a su secretario de DD.HH., Horacio Pietragalla, a investigar la situación y recorrer dichos centros.
Pietragalla se reunió con el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, barón peronista con 25 años en el cargo que ha logrado sobrevivir a escándalos y denuncias por su actitud caudillista y autoritaria. La oposición, encabezada por la Unión Cívica Radical (UCR), que ha presentado una denuncia ante la justicia contra Insfrán por propagar la pandemia abriendo centros en condiciones de hacinamiento, no tenía muchas esperanzas de que Pietragalla estirara de las orejas a Insfrán. Y así ha sido. Al finalizar su visita, el secretario aseguró ayer que el gobernador estaba tan preocupado como el Gobierno federal por esclarecer las denuncias y aseguró que “nadie se quejó de la comida”.
“No hay delitos de lesa humanidad en Formosa”, dijo Pietragalla. “No hay violación sistemática de los derechos humanos. No hay centros clandestinos de detención”, afirmó, dejando claro que son lugares de “aislamiento” y justificándolos porque “estamos en un escenario de pandemia”, aunque se comprometió a proponer mejoras a la provincia y apoyar cursos de formación en derechos humanos para las fuerzas de seguridad formoseñas que custodian los recintos, escuelas y pabellones deportivos con camas.
No obstante, las quejas no tienen que ver con la comida, sino con la falta de higiene, la sensación de los recluidos de estar presos, el hacinamiento y los malos tratos infligidos por la policía, que ha llegado a entrar por la fuerza a domicilios para internar a personas por el simple hecho de ser contactos estrechos –o simplemente vecinos– de un positivo de la covid.
Entre las múltiples quejas, una mujer denuncia haber perdido el embarazo por el internamiento. El presidente de la UCR de Formosa, Martín Hernández, difundió un vídeo donde se ve a una menor tras unas rejas. “Niños y niñas en Formosa sometidas a trato carcelario.
Ya hicimos la denuncia penal, pero frenen esta locura”, tuiteó Hernández, que pide la intervención de la provincia por parte de Fernández.
Algunas personas han llegado a estar casi un mes internadas, pese a que la cuarentena establecida es de catorce días y haber dado tres veces seguidas negativo en las PCR. El Gobierno provincial obliga a aislarse a todos los que hayan estado en contacto con un infectado; pueden hacerlo en hoteles vigilados, pagando cada uno de su bolsillo, pero la gran mayoría acaba en estos centros teniendo en cuenta que Formosa, con medio millón de habitantes y fronteriza con Paraguay, es una de las provincias más pobres del país.
En noviembre la Corte Suprema obligó a Insfrán a dejar ingresar a Formosa a 8.000 ciudadanos que llevaban meses acampados en la frontera provincial, que el gobernador ordenó bloquear para evitar la entrada del virus. Insfrán defendió esta medida, igual que ahora defiende los cuestionados centros de aislamiento, alegando que Formosa ostenta el índice más bajo de contagios de Argentina, con solo diez muertos y 1.117 contagios frente a 1,9 millones de casos y más de 47.000 muertos a escala nacional.
Hay personas que han estado internadas casi un mes pese a haber dado tres negativos seguidos en las PCR