Un conflicto entre Catalunya y España con muchos matices

La situación política actual y futura es la que concita menos unanimidades

No hay una receta común entre los candidatos del 14-F sobre cómo resolver el conflicto político entre Catalunya y España. Talmente diríase que hay tantas ideas, que no soluciones, como opciones políticas concurren a las urnas. Porque incluso dentro de los bloques configurados a lo largo de estos últimos años –soberanistas y constitucionalistas– hay diferencias entre sus integrantes.

Dentro del soberanismo, Jxcat apuesta por un Govern de “ambición independentista” que, según Laura Borràs, “culmine el trabajo del 1-O” y permita la “desaparición del Estado en Catalunya”, y descarta mesas de diálogo que entiende que no llevan a ninguna parte. ERC, al contrario, defiende este espacio del diálogo del que ha sido padre en este mandato y Pere Aragonès se inclina porque la próxima sea una “legislatura de continuidad hacia la independencia”, pero sin las prisas de su socio. Menos prisa aún tiene el PDECAT, para el que Àngels Chacón reivindica la herencia de CDC. Justo lo contrario de la CUP, que se presenta como el “único voto útil” para “avanzar social y nacionalmente”, argumenta Dolors Sabater. A todos ellos sí les une una cosa, que la salida del conflicto pasa necesariamente por la amnistía a “presos políticos, exiliados y represaliados” del 1-O y el ejercicio del derecho de autodeterminación. En Comú Podem también está por la amnistía, pero Jéssica Albiach no se casa con ninguna solución que no sea pactada con el Estado.

Entre el constitucionalismo, Cs y PP abogan precisamente por el retorno al redil de la Constitución. Carlos Carrizosa se postula para encabezar un “gobierno de convivencia” y Alejandro Fernández se ofrece a liderar la “alternancia política con un gobierno nuevo”. El PSC, en cambio, se presenta ahora como la cara amable, con un Salvador Illa dispuesto a pasar página, consciente de que las culpas de lo ocurrido los últimos años están repartidas, y con ganas de ponerse al frente de un “momento de reencuentro entre los catalanes”, pero sin clarificar tampoco cómo se encauzan los anhelos de una parte muy significativa de Catalunya.

Capítulo a parte merece Vox, porque niega la mayor, es decir, que no existe conflicto político entre Catalunya y España. Lo que existe, a juicio de Ignacio Garriga, es una “mafia separatista que ha subvertido el orden constitucional” gracias a la “connivencia” de las izquierdas y, como consecuencia, un “conflicto social” que se traduce en “asaltos en las calles, ocupación de viviendas e islamización de la sociedad”. Que la mejor solución para “restablecer la ley y el orden” sea Vox es lo que el resto de aspirantes no comparte.