La Generalitat desencalla el derribo del edificio Venus para el 2023
Veinte años han tardado la Generalitat, la Diputación y los ayuntamientos de Barcelona y Sant Adrià en desencallar el plan para derribar el edificio Venus en el barrio de la Mina de Sant Adrià de Besòs. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destinará 12,6 millones al proyecto para que a primeros del 2023 alguna de las 243 familias afectadas puedan disponer ya de un nuevo alojamiento.
El Gobierno catalán valorará caso por caso para proceder a reubicar, indemnizar o facilitar un nuevo alquiler social a los residentes, una tramitación que se realizará a través de una oficina técnica. La Generalitat también ha anunciado que no recurrirá la sentencia que daba la razón a unos 60 vecinos que demandaron al Ejecutivo. Una resolución judicial en la que se criticaba la vulneración de los derechos de los vecinos y la inactividad del Gobierno durante tantos años, una vez que el plan de reordenación y mejora del barrio se aprobó en el 2002.
El nuevo proyecto para derribar el edificio Venus lo dio a conocer ayer el conseller Chakir el Homrader ni, en una reunión con los vecinos y representantes de los ayuntamientos. La voluntad es que el próximo día 11 de febrero el Consorci de la Mina, que integran las cuatro administraciones, apruebe la nueva planificación para que la oficina técnica pueda empezar a trabajar con los vecinos del edificio.
Paqui Jiménez, la activista vecinal de la Mina, que lidera el movimiento que impulsó una campaña demicromecenazgoparacontratar un bufete de abogados para defen
sus intereses ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que consiguió en un sentencia obligaba a reiniciar el proceso paralizado hace 20 años, resolvió “que aguantaremos cinco años más”.
Los vecinos estaban disconformes con la tasación que el Consorci de la Mina había realizado sobre las viviendas y exigía a los residentes abonar una cifra superior a los 30.000 euros para poder acceder a una vivienda nueva y desestimando las alegaciones vecinales, una situación que provocó la paralización de todos los trámites.
Los vecinos tuvieron que hacer una campaña de captación de fondos para acudir a la justicia, que les ha dado la razón