Vertido de escombros en una riera del Maresme
La Agència Catalana de l’aigua (ACA) investiga un vertido ilegal de escombros en la riera del Balís, en el término municipal de Sant Vicenç de Montalt (Maresme), que decenas de camiones habrían efectuado durante la primera quincena de octubre en puntos que la maquinaria municipal había habilitado previamente en el cauce. El Ayuntamiento ha tardado tres meses en iniciar un expediente ante la presunta implicación de dos empleados que, en supuesta connivencia con una empresa de demoliciones, habrían accedido a realizar la operación denunciada por los vecinos.
La ley obliga a los productores de escombros de obras a valorizar los residuos a través de un gestor oficial autorizado. Es una práctica habitual que, para reducir los costes –en este caso, unos 22.000 euros–, los escombros y la arena se entreguen a otras empresas o entidades públicas sin ningún tipo de control. La empresa Rocmar SL, que realiza la demolición de la antigua fábrica Mora de Llavaneres, donde se construirán ocho dúplex de lujo, según fuentes de la investigación, contactó con el tractorista municipal para ceder lo que ha declarado que debía ser arena limpia.
“Nosotros hemos hecho las cosas bien”, se limitó a declarar una portavoz de los productores, que se negó a informar de si disponían del expediente de gestión de residuos de los escombros. El trabajador municipal, a su vez, elevó la oferta al jefe de la brigada municipal, quien, según las primeras investigaciones, también estaría de acuerdo en verter la supuesta arena en la riera del Balís tras comunicarlo al entonces alcalde accidental y concejal de Urbanismo, Robert Subirón. Este, por su parte, aseguró haber dado la orden de retirar los desechos una vez detectados. Esta práctica, según diversas fuentes, es habitual y “se cede arena que se utiliza para tapar socavones en los caminos sin asfaltar”.
La realidad es que unos 70 camiones, ante el estupor de los vecinos, vertieron durante semanas mas de 800 metros cúbicos de escombros de obra, no arena limpia, en un espacio natural protegido sobre el que no se puede actuar sin la autorización expresa de la administración catalana. El alcalde de Sant Vicenç, Víctor Llasera, ordenó la incoación de un expediente al conocer los hechos confirmados por una inspección en la zona afectada, de unos 150 metros de longitud por seis de ancho, donde se observan escombros semienterrados y tapados por un grueso de tres centímetros de arena compactada que las riadas dejaron al descubierto.
La ACA, que inspeccionó el terreno el 21 de enero y mantiene su reserva a emprender otras acciones, ha ordenado al Ayuntamiento la retirada inmediata de los escombros y su traslado a un gestor autorizado. El Consistorio, a su vez, ha abierto un expediente para aclarar los hechos y ha designado un abogado para que tome declaración a todos los implicados, testigos y empresas que intervinieron en los hechos. En este caso, los vecinos que fueron testigos del delito ambiental aseguran que advirtieron de los escombros por carta a la ACA.
Una vez concluido el trámite se pondrán los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Mataró para que los traslade, si procede, a la de Medio Ambiente. En paralelo, se convocará una comisión municipal
El Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt abre una investigación sobre una posible confabulación de operarios municipales y una empresa de derribos
Los responsables de un delito contra el medio ambiente se enfrentan a posibles penas de entre dos y cinco años de prisión
informativa anticorrupción. Los responsables del vertido se enfrentan a una acusación por varios delitos contra el medio ambiente y acusaciones de contaminación del suelo y los recursos hídricos y contra la flora y fauna. La actividad detectada atenta contra el medio y los recursos naturales y vulnera la normativa sobre producción y gestión de residuos de construcción y demolición tipificados en el Código Penal, por lo que puede acarrear penas de prisión de dos a cinco años para responsables e intermediarios.