Moratoria caduca
El 14 de marzo se acaba la bula a las compañías insolventes para no presentar concurso que habrá estado vigente durante un año
El próximo 14 de marzo, en apenas mes y medio, expira la prórroga decretada por el Gobierno en otoño sobre la suspensión del deber de los administradores sociales de presentar concurso en los dos meses siguientes a conocer que sus empresas son insolventes. Esta medida, vigente desde abril del 2020, ha evitado la declaración de miles de concursos de acreedores durante la mayor contracción económica en casi un siglo.
Si no hay una nueva prórroga, todos aquellos que no hayan logrado adecuar su financiación a las nuevas circunstancias y estén incurriendo en impagos generalizados deberán encontrar soluciones o solicitar concurso. “Las moratorias son buenas si sirven para refinanciar las deudas; en caso contrario, son la excusa para dilatar la toma de decisiones, aparcar las respuestas o, en el peor de los casos, vender activos de forma fraudulenta”, explica Manuel Ruiz de Lara, titular del juzgado mercantil 11 de Madrid.
Desde el punto de vista de la administración de justicia, todo está preparado para lo que venga. Aunque nunca se ve como suficiente, se han creado más juzgados mercantiles y se ha dotado de más medios a los existentes. Los funcionarios, en el rango que les corresponda, han padecido las consecuencias de la pandemia como los demás, adaptándose lo mejor posible a las circunstancias y gestionando los procedimientos con celeridad, en la medida de sus capacidades.
“Todos estamos aún en shock por lo vivido”, comenta Xavier Rafí, letrado de administración de justicia del juzgado mercantil 9 de Barcelona. El incremento de asuntos en el segundo semestre ha sido muy notable, aunque sin grandes concursos. “Hemos tenido montones de concursos que llegan sin masa activa, para archivar, y también se ha constatado un auge considerable de concursos consecutivos”, añade Rafí.
Los primeros corresponden a microempresas o compañías casi siempre pequeñas que piden la liquidación sin nada que ofrecer a los acreedores. Al no tener activos, se declaran y se archivan directamente y, si no hay ulteriores acciones por parte de la banca o los proveedores, quedan resueltos en un santiamén.
Los concursos consecutivos, en cambio, llevan más trabajo, ya que tratan sobre los empresarios que solicitan ser declarados insolventes y que casi siempre liquidan sus bienes y piden el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho –o BEPI– para empezar de nuevo. La ley de la Segunda Oportunidad, aunque aún muy lejos del número de casos que cabría esperar, es cada vez más conocida. En el 2020, solo en Barcelona se declararon alrededor de 900 concursos de personas físicas empresarias, un 50% más que el año anterior.
En los juzgados lamentan el estigma que acompaña a la declaración del concurso de acreedores. “No se ha transmitido bien la idea de que un concurso es una opción de futuro y, por eso, todo el mundo llega a los procedimientos en tan malas condiciones”, recuerda Rafí. En Madrid, la sensación es la misma. Ruiz de Lara constata la escasa relevancia de las refinanciaciones o de los preconcursos, dos instrumentos preventivos poco utilizados o, peor aún, mal empleados en muchas ocasiones.
Ahora, atendiendo a la realidad recién comentada, cobra fuerza el prepack, la venta de la unidad productiva iniciada en el preconcurso para lograr una liquidación rápida, transparente y efectiva que permita salvar negocios y empleos. Barcelona ya tramita media docena de casos, y Madrid y muchas otras ciudades lo empiezan a aplicar o lo estudian.
EL GOLPE A LOS MÁS DÉBILES Los concursos del año pasado fueron en su mayoría pequeños y sin apenas activos
SEGUNDA OPORTUNIDAD Cada vez hay más empresarios que se declaran insolventes para volver a empezar