Una vacuna contra la crisis bancaria
Una cuestión que preocupa y mucho en este momento es el impacto que el retraso en la recuperación económica puede tener en el sector bancario y la consiguiente probabilidad de que la crisis económica se convierta en bancaria. Afortunadamente, en esta crisis la banca partía de mejores condiciones en términos de solvencia, con niveles de capital mucho más elevados para absorber potenciales pérdidas. Pero la intensidad de la crisis es mucho mayor que la del 2008 y los problemas para el control de la pandemia retrasan la recuperación, lo que aumenta sobre todo el riesgo de crédito y reduce la calidad de los activos bancarios.
Hasta ahora, la tasa de morosidad no ha aumentado y se sitúa en el 4,6% en el negocio de la banca en España. Pero esa cifra hay que interpretarla con mucha cautela por dos motivos: por las ayudas al sector privado (ERTE, moratorias, ayudas directas, avales públicos a la financiación bancaria, etcétera) que disminuyen el impacto de la crisis en la capacidad de pago de familias y empresas; y por las medidas implementadas para amortiguar el impacto de la crisis en los bancos. En este último paquete hay medidas como permitir a los bancos operar temporalmente con niveles de capital por debajo de los recomendados, flexibilizar el tratamiento de los préstamos avalados por el sector público para así exigir menos provisiones o “relajar” la aplicación de la regulación en materia del reconocimiento del deterioro en la calidad de los activos evitando tener que dotar excesivas provisiones, entre otras. En este contexto, el gran interrogante es hasta dónde aumentará la morosidad (y por tanto la necesidad de provisiones por deterioro del valor de los activos) una vez lleguen a su fin todas esas medidas. Hay muchas empresas que hasta ahora han podido hacer frente a sus compromisos con los bancos gracias esas medidas (como los ERTE o las moratorias), pero si esas medidas no se renuevan y se retrasa aún más la recuperación, serán insolventes, lo que hará que suba con fuerza la mora bancaria.
Los supervisores, tanto el BCE como el Banco de España, son muy conscientes de este problema. No hay más que leer el comunicado del 28 de enero del BCE donde hace balance de los riesgos y vulnerabilidades que detecta y que afectan a los bancos. Entre los muchos riesgos que merodean, el que mayor probabilidad de ocurrencia tiene y a la vez más impacto es la desaceleración económica prolongada y el aumento de la morosidad. El impacto es mayor o menor en función de lo vulnerable que sea un banco, lo que a su vez depende de factores internos (como las deficiencias en la gestión y cobertura del riesgo, su rentabilidad y eficiencia,) y externos (endeudamiento del país, exceso de capacidad del sector).
En este contexto en el que aumentan los riesgos para la estabilidad financiera, la baja rentabilidad, que ya era un problema estructural antes de la covid, es ahora aún mayor, no solo por las provisiones que habrá que realizar cuando esas ayudas lleguen a su fin y los prestatarios no puedan pagar sus préstamos, sino porque las variables que explican la baja rentabilidad van a intensificar su presión, como la prolongación del escenario de bajos tipos de interés o la creciente competencia no bancaria.
¿Qué se puede hacer en este escenario tan complicado para evitar una crisis bancaria? Las recetas del supervisor son fáciles de enunciar, pero mucho más difíciles de aplicar: mejorar la eficiencia (lo que exige aligerar más aún la red de oficinas y el empleo, y cada vez hay menos margen de maniobra), acelerar la digitalización (lo que exige inversiones que son costosas), mejorar la gestión del riesgo, reforzar el capital
¿Qué hacer para evitar una crisis
bancaria? Las recetas son fáciles de enunciar, pero difíciles de aplicar
(¿cómo, si hay un problema de baja rentabilidad?), etcétera.
Todas esas recetas son importantes, pero deben ser complementadas con la mejor vacuna para evitar que la crisis económica se convierta en bancaria: seguir apoyando a las empresas viables, extendiendo en el tiempo las ayudas implementadas (como los ERTE o los periodos de carencia y plazos en los préstamos avalados por el ICO) y aprobando nuevas medidas (como ayudas directas que refuercen la solvencia de las empresas). Si gracias a esa extensión de las ayudas evitamos la quiebra de empresas viables, ganaremos todos: el sector público porque no tendrá pérdidas por el aval concedido por el ICO; los bancos porque no aumentará la morosidad, y la sociedad en su conjunto porque no destruiremos más empleo. Ese apoyo público renovado también beneficia a la banca, y a cambio debe contribuir a apoyar a las empresas refinanciado o restructurando su deuda. La dificultad de fondo es distinguir una empresa viable de una no viable, algo que es cada vez más difícil conforme se alarga la crisis.