Colau delega los proyectos de 500 viviendas sociales
Barcelona convoca a fundaciones y cooperativas para construir viviendas públicas en propiedades municipales
El gobierno de la alcaldesa Ada Colau está buscando nuevas vías para incrementar el parque de viviendas públicas de Barcelona. Fundaciones y cooperativas pueden ya presentar sus proyectos para poner en funcionamiento hasta 497 nuevos pisos sociales en quince solares y tres edificios de propiedad municipal. El plazo concluye el día 28. Las obras podrían comenzar durante la segunda mitad del año que viene, y los primeros beneficiarios mudarse en apenas un par de años más tarde. La voluntad municipal es que esta lista se incremente luego hasta alcanzar el millar de viviendas. De todos ellos el 40% será destinado a la covivienda, a cargo de cooperativas en régimen de cesión de uso, y los restantes a al alquiler social de manos de las fundaciones del sector. Este proceso arranca en el marco del convenio firmado en noviembre por el Ayuntamiento y las principales entidades de la vivienda social.
Con esta iniciativa el Ayuntamiento pretende principalmente agilizar la construcción de pisos sociales. En los últimos años el ejecutivo de Colau apostó de un modo muy decidido por la compra de edificios y de solares a fin de incrementar el parque de vivienda pública de la ciudad. Pero las garantías y obligaciones que ha de contemplar toda actuación de la administración pública, y también una celeridad administrativa no precisamente rauda, están demorando muchos proyectos. La verdad es que el papel de casero se le está atragantando al Ayuntamiento en demasiadas ocasiones. Los problemas presupuestarios derivados de la pandemia tampoco están ayudando a revertir esta situación.
De esta manera, entre los edificios ahora seleccionados por el Consistorio se encuentra un par de ellos cuya remodelación se antoja enquistada desde hace varios años: el número 10 de la calle Reina Amàlia, en el barrio del Raval, y el 44 del paseo Joan de Borbó, en el de la Barceloneta. El Ayuntamiento se hizo con la propiedad de la finca de Reina Amàlia en el año 2017. Se lo compró a una familia dueña de varios inmueble con el objetivo de garantizar el funcionamiento del gimnasio social Sant Pau y, por supuesto, abrir nuevos pisos sociales. Su estado ya era tremendamente lamentable. Al cabo de unos cuantos meses el Ayuntamiento realojó al único inquilino con un contrato de alquiler y expulsó a los narcos que habían conquistado la mayor parte del inmueble. Entonces el Consistorio tapió todos lo accesos del edificio. Así permanecen desde entonces su decena de viviendas, en un oscuro barbecho. A veces se produce algún intento de ocupación.
El número 44 del paseo Joan de Borbó, en el barrio de la Barceloneta, otro de los inmuebles incluidos en esta iniciativa municipal, está en mucho mejor estado que el del Raval. Además, se encuentra en un emplazamiento privilegiado. Pero su nueva vida también acumula unos cuantos años de espera.
El Ayuntamiento trata de agilizar iniciativas hasta ahora enquistadas por el papeleo y la falta de celeridad
El Ayuntamiento lo compró hace ya más de un lustro por 3.600.000 euros. Aquí el objetivo siempre fue rehabilitar 18 viviendas y ponerlas en alquiler social.
Los adjudicatarios de las nuevas viviendas sociales abierta gracias esta iniciativa serán escogidos a través de las pertinentes convocatorias entre las personas inscritas en el registro de solicitantes del Consorci d’habitatge de Barcelona. Para los proyectos gestionados las cooperativas los beneficiarios serán socios cooperativistas de las organizaciones promotoras que cumplan los criterios del registro de solicitantes.