El impuesto del patrimonio encara el camino hacia el Constitucional
Sánchez Llibre y Garamendi presentan sus argumentos al Defensor del Pueblo
El recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto de patrimonio promovido por Foment del Treball inicia esta semana sus primeros trámites para llegar al Alto Tribunal. Josep Sánchez Llibre, por parte de Foment, y Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, se reunirán el próximo miércoles con el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, para solicitarle formalmente la presentación del recurso y para ello aportan un informe, en el que argumentan que se trata de un impuesto “confiscatorio”, que no respeta el principio de “capacidad económica” que reconoce el artículo 31 de la Constitución en materia fiscal.
La iniciativa de recurrir por la vía del Defensor del Pueblo partió de Foment del Treball y así lo acordó su junta directiva el pasado mes de diciembre. La propuesta recibió después el respaldo de los órganos de gobierno de la CEOE y también de todas las organizaciones de ámbito autonómico que forman parte de la patronal española.
El impuesto del patrimonio es uno de los pilares del polémico dumping fiscal que se atribuye a la Comunidad de Madrid, donde este tributo está bonificado al 100%. Es decir, no se paga nada por él, a diferencia de lo que ocurre por ejemplo en Catalunya.
En medios empresariales, el posible recurso al Constitucional ha levantado una gran expectación, ya que puede contribuir a frenar el movimiento de traslados de domicilios fiscales de Catalunya a Madrid, según fuentes empresariales, que calculan que son ya varios centenares los cambios de domicilio por motivos fiscales.
El informe que se entregará al Defensor del Pueblo, elaborado por Manuel J. Silva y Jordi Guasch, del despacho Roca Junyet, pone incluso algunos ejemplos concretos de cómo este impuesto puede llegar a superar de largo las rentas que los contribuyentes obtienen con su patrimonio, en muchos casos bienes inmuebles procedentes de herencias. Ante ello solo tienen dos alternativas: endeudarse o desprenderse de patrimonio. El problema ha cobrado más relieve si cabe con motivo de la pandemia, con contribuyentes que han visto mermados sus ingresos de forma drástica, y también con los bajos tipos de interés, con ahorros en entidades bancarias que rinden prácticamente cero.
En su escrito se recuerda, además, que el impuesto nació en su día como una fórmula provisional. Pero en el marco de la última ley de presupuestos se han introducido dos modificaciones muy relevantes. “Por un lado, el incremento del tipo marginal máximo del impuesto pasando del 2,5% al 3,5% y, por otro lado, se ha establecido el mantenimiento con carácter indefinido del impuesto”, señala el escrito.
Se recuerda también que la Constitución establece que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.” El incumplimiento de este precepto, el de un sistema fiscal justo, es lo que tratan de demostrar las patronales.
Otro de los argumentos jurídicos es que propio Tribunal Constitucional cambió recientemente su doctrina reconociendo precisamente
Las patronales abogan por la supresión de uno de los pilares del dumping fiscal que se atribuye a Madrid
ese principio de “capacidad económica”. Fue en el caso del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, cuando dictaminó que en ningún caso la cuota tributaria a pagar puede superar lo ingresado por la venta del bien en cuestión. “Por lo tanto, partiendo de la doctrina emanada del propio Tribunal Constitucional, puede afirmarse que un tributo puede ser calificado como confiscatorio cuando somete a tributación manifestaciones irreales, ficticias o inexistentes de capacidad económica o bien cuando con su gravamen agota la riqueza imponible, viéndose obligado el contribuyente a disponer de otros bienes o riqueza a su disposición para atender el pago del impuesto,” se argumenta en el escrito que se llevará al Defensor del Pueblo.