Sombras obscenas
No parecía que el caso Gürtel pudiera llegar a mostrar espacios de sombra tan bien protegidos. La ley del silencio se impone cuando está en juego el prestigio, la seguridad o la libertad de los más importantes del grupo, que pueden activar fuertes mecanismos disuasorios: desde el favor y la protección hasta la amenaza. Bárcenas rompe ahora la ley del silencio, porque, en nuestra cultura, los intereses de la familia están por encima de todo. Hablamos, claro está, de la familia en el sentido literal del término, no en el sentido que se da en Sicilia. Bárcenas cambió su silencio por la libertad de su mujer. Puesto que ella está en la cárcel, habla. No dudo de que los abogados conseguirán salvar a Mariano Rajoy y a los demás personajes de las acusaciones de Bárcenas: el poder judicial no siempre es tan expeditivo como cuando evalúa a los independentistas.
No creo que los jueces osen juzgar y encarcelar por corrupción a un expresidente. Pero la acusación de Bárcenas es muy creíble: lleva el aval de una prueba anterior: la operación Kitchen. Si Bárcenas, cansado de la prisión, no fuera más que un mentiroso dispuesto a esparcir sus excrementos con un ventilador, ¿por qué el Ministerio del Interior habría tenido que movilizar, en obscena prevaricación, fuerzas policiales para robar la documentación que Bárcenas guardaba? Más aún: ¿qué sentido tendría haber destruido el disco duro del ordenador del tesorero? El PP y el gobierno Rajoy destinaron mucha energía a tapar la boca de Bárcenas. Por eso son ahora tan creíbles las declaraciones del tesorero.
Todos los grandes partidos han sido condenados por corrupción. Y siguen investigados. Es evidente que Pujol y Mas, Aznar y Rajoy, Chaves, Griñán y Díaz tenían perfecta noticia de lo que estaba pasando en sus partidos y gobiernos. Eso explica en parte la gran desconfianza que suscitan los políticos. De esta desconfianza provienen dos de los males que ahora padecemos: el populismo (la polarización envía de nuevo los ciudadanos a las urnas, pero a estos ya no los mueve la política sino la crispación identitaria); y la desconfianza en las instituciones (factor que explica bastantes faltas de civismo: de la defraudación a Hacienda al incumplimiento de las restricciones anticovid).
Más allá de los males que la corrupción deja como marcas denigratorias de la democracia, existe la grosera evidencia del uso político de la justicia. He escrito otras veces que los líderes independentistas vulneraron la ley y que, por esta razón, debían pagar por sus actos. Pero también he escrito (y varios tribunales europeos han recordado) que tanto los delitos imputados como el encarcelamiento inicial sin fianza demostraron desde el primer momento que el Estado no hacía justicia sino que iniciaba un proceso de castigo ejemplar. Un aviso a navegantes. Los 100 años de condena son más que abusivos: tienen una función vengativa. La obsesión de la prensa de Madrid, de la Fiscalía y de partidos como el propio PP en el sentido de favorecer un castigo completo y sin fisuras (permisos, tercer grado, indultos) confirma el sesgo vengativo y disuasorio de la condena. Quien quiera hacer comparaciones sobre presos, que repase la hemeroteca y descubrirá la vida de pequeño señor feudal, con paellas, regalos, tertulias, huerto y libertad de movimientos de que gozaba el coronel Tejero en el inmenso (y, por cierto, fabuloso) castillo de Figueres.
A la venganza política, hay que sumar ahora una evidencia obscena. El propio presidente Rajoy que, hablando con el president Puigdemont contestaba una y otra vez que él no podía hacer “lo que la ley no permite”, resulta que trituró personalmente los documentos que evidenciaban los sablazos económicos, prohibidos por la ley, de que su partido y él personalmente se beneficiaron. Y daba lecciones de constitucionalismo…
El presidente apelaba a la Constitución mientras trituraba
documentos