Condena covid en el ambulatorio
Raúl paga una factura pendiente con la justicia por delitos de tráfico controlando el acceso a un CAP de Badalona
Raúl no para. Controla que nadie se cuele cuando no le toca, y mantener el orden en esas colas no siempre es fácil. Se asegura de que todos los que pasan el umbral de la puerta que vigila se detengan en el expendedor de gel desinfectante, que lleven bien puesta la mascarilla y se preocupa de que esas personas, una vez dentro, vayan directamente al lugar donde se les espera. Con orden, rapidez y el máximo silencio. Trabaja –o cumple condena, habría que decir para ser más exactos– en un centro de asistencia primaria de Badalona.
Raúl, de 44 años y condenado por un delito relacionado con el tráfico, paga esa factura pendiente con la justicia con una pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Hasta aquí nada nuevo. Lo singular del caso de Raúl es que esta es, tal y como ya se conoce en ambientes judiciales, “una condena covid”. Una iniciativa impulsada por la Conselleria de Justicia en era de pandemia (faltan muchas manos en esta crisis sanitaria) con una respuesta muy positiva por parte de los jueces.
En los últimos meses se han dictado en Catalunya trescientas sentencias como la que cumple des de el pasado noviembre Raúl en el CAP Llefià de Badalona. “Son trabajos no remunerados en tareas de prevención de la covid”, afirma Gisela Torns, directora general de Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil. Estos penados desempeñan sus funciones en centros sanitarios, bibliotecas, ayuntamientos, centros cívicos... “Tenemos ya más de un centenar de entidades apuntadas a esta iniciativa y esperamos aumentar la cifra”, desea Gisela Torns.
La propuesta está siendo todo un éxito. Lo corrobora Laura Gil, directora del centro donde cumple condena Raúl. “Su presencia aquí nos permite liberar a otros trabajadores que tendrían que hacer ese control en los accesos y esto, tal y como estamos en estos momentos, es un gran alivio”. Raúl trabaja en ese CAP cuatro horas por las mañanas, por la tarde le sustituye otro penado con trabajos en beneficio de la comunidad.
La media de días de condena en estas sentencias es de 500. En el caso de Raúl son 18 meses. Asegura que le han impuesto esa pena por acumular multas de tráfico por un importe superior a los diez mil euros. Repite que esas sanciones “son de un coche que estaba a mi nombre, pero que yo ya no tenía, ni conducía”. Excusa que en estos momentos, dictada la sentencia, de poco sirve ya. Por eso Raúl asume su “mala suerte” y también que tiene que pagar esa factura. Afirma que lo hace “lo mejor que sabe y con máxima responsabilidad”.
Sabe que en ese CAP de Badalona están contentos con su trabajo. Hasta el extremo que le han propuesto –revela Mariano Hidalgo, coordinador de trabajos en beneficios de la comunidad de Atención
Trescientas personas realizan trabajos de prevención del virus como una pena alternativa a la prisión
Metropolitana Nord– que se apunte a la bolsa de trabajo del Institut Català de la Salut. Jamás se le había pasado por la cabeza a Raúl (viene de la hostelería) trabajar en ese mundo. Pero después de tres meses controlando los accesos de ese centro sanitario y resolviendo dudas a sus usuarios se ha sentido muy útil y valorado. Y eso le anima, como él mismo dice, “a hacer mucho más de lo que exige esta sentencia”.
Esa dedicación, además del reconocimiento del coordinador nombrado para asegurarse que cumple con lo establecido, ha sido también premiada, confiesa, con “regalos esta Navidad de algunos usuarios” que visitan regularmente el centro y con los que empieza a entablar amistad. “Lo cierto es que este trabajo me está gustando y lo hago como si cobrara un sueldo por ello”, añade. Si llegara ahora una oferta de empleo del ICS, este vecino de Badalona podría seguir pagando su condena las horas establecidas y desempeñar al mismo tiempo, en otro horario, las funciones remuneradas. Si este deseo de Raúl se cumple, sería el mejor ejemplo de la reinserción que se busca con estas penas alternativas de trabajo en beneficio de la comunidad, que en el 2020 cumplieron casi diez mil personas en Catalunya. Más del 30% por delitos de tráfico.