Ayudas directas a las empresas
El Gobierno ha asumido, finalmente, que urgen ayudas directas al tejido productivo, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, para garantizar su solvencia y evitar que se vean abocadas al cierre o al concurso de acreedores. La prolongación de la pandemia ha colocado en una situación límite a numerosas empresas que son plenamente viables pero que se encuentran con problemas acuciantes. El objetivo debe ser evitar daños estructurales a la economía y al empleo, como ha declarado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y para ello hay que seguir ayudando a las empresas y a los trabajadores mientras dure la crisis. El problema es que ya se corre el riesgo de llegar tarde. La vicepresidenta, en un coloquio celebrado ayer en el Cercle d’economia, ha dicho que esas ayudas directas llegarán cuanto antes sea posible. Pero no ha precisado el tiempo que tardarán en articularse ni ha avanzado la forma cómo se gestionarán. Esa indefinición suscita incertidumbres añadidas.
El Gobierno trabaja actualmente para encontrar los mecanismos más adecuados para combinar la eficacia administrativa con el necesario control, al objeto de evitar fraudes y garantizar que el dinero llega a quien realmente lo necesite. La vicepresidenta insinuó que eso no es fácil. Pero hay que acelerar al máximo los trámites porque la situación de las empresas es especialmente delicada.
Tampoco avanzó la vicepresidenta cuánto dinero destinará el Gobierno a este nuevo paquete de ayudas. Pero deberá ser importante. La patronal Foment del Treball hace ya tiempo que estimó que se deberían inyectar más de 50.000 millones de euros para sostener a las empresas viables con problemas. No hacerlo de forma rápida y con una visión amplia puede crear un problema adicional en el sistema bancario si los impagados y las crisis empresariales se multiplican, tal como ya ha empezado a suceder. Como hemos dicho en otras ocasiones, la situación económica actual es de emergencia, sobre todo en unos sectores muy determinados, y por ello hay que adoptar también medidas de emergencia. Nadia Calviño es bien consciente de la gravedad del momento. Ha reconocido abiertamente que los problemas ya no son de liquidez, sino de solvencia, y que las ayudas que ha dado el Gobierno hasta ahora, pese a ser muy importantes, no son ya suficientes.
Según los cálculos de la vicepresidenta, el Estado ha inyectado a la economía, desde que comenzó la pandemia, un volumen de dinero equiparable al 20% del producto interior bruto, entre los créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE), las prestaciones especiales por cese de actividad a los autónomos, los subsidios de desempleo y el ingreso mínimo vital, así como el aumento de las transferencias a comunidades autónomas y ayuntamientos. Sin embargo, hay informes que señalan que España es uno de los países europeos que menos ayudas han dado a su sistema productivo.
La Unión Europea hace diez días que ha desbloqueado el marco que regula las ayudas directas a empresas y, en este sentido, ha dado barra libre a los gobiernos hasta finales de año para que las puedan conceder. Al respecto, la vicepresidenta afirma que el Gobierno explora todas las opciones posibles de ayuda a las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, y a los autónomos, desde inyecciones directas de liquidez hasta moratorias adicionales en los créditos del ICO para reducir el sobreendeudamiento, con medidas específicas para los sectores más afectados por la crisis.
Para financiar el apoyo a la economía en esta nueva etapa, mientras no llegue la recuperación, el Gobierno ha previsto financiarse adicionalmente con emisiones de deuda pública que en dos años (2020 y 2021) sumarán 150.000 millones de euros. Ello deberá servir, como ha dicho también la vicepresidenta, no solo para sostener la economía, sino también para garantizar un futuro de progreso y oportunidades a las nuevas generaciones.
Las nuevas medidas para
sostener el tejido productivo y el empleo
son urgentes