La justicia francesa aborta una opa hostil de Veolia sobre Suez
El Gobierno se opone a una absorción no pactada y pide diálogo a las partes
En Francia se habla ya de este caso como “la guerra del agua”, un conflicto interminable entre dos colosos el sector, Veolia y Suez, con el Estado como incómodo actor secundario. La última escaramuza fue el anuncio, el domingo, de una opa hostil de Veolia sobre el 70,1% de Suez, operación que fue abortada por el Tribunal de Comercio de Nanterre y por el propio ministro de Economía y Hacienda, Bruno Le Maire, que presentó un recurso, “por cuestiones de transparencia”, ante la Autoridad de Mercados Financieros. El asunto queda congelado hasta una audiencia judicial el 18 de febrero
Según Veolia, la opa –con la oferta de pagar 18 euros por acción– es el resultado del obstruccionismo de los responsables de Suez, tanto por la vía judicial como desde el punto de vista financiero, al llevar adelante iniciativas para continuar su propia vida como grupo competidor. Veolia considera que la absorción supondría “crear un grupo francés campeón mundial en la transformación ecológica”. El obstinado pretendiente reitera las garantías a los sindicatos sobre mantenimiento del empleo y de las ventajas sociales a los empleados en territorio francés.
Le Maire, visiblemente contrariado por esta guerra empresarial a la que asiste, volvió a instar a las dos partes “a reencontrar el camino de la razón y del diálogo”. Según Le Maire, no es posible una absorción de estas características, o al menos corre el riesgo de salir muy mal, si se efectúa sin el beneplácito de la empresa que va a ser adquirida, de sus trabajadores y de sus clientes. De momento el ministro parece que predica en el desierto. Ayer se produjo una situación ya vivida el 9 de octubre del año pasado, cuando un tribunal impidió la primera opa de Veolia.
El contencioso, fruto de una reorganización a gran escala del sector energético y del agua, posee ramificaciones exteriores significativas, dada la implantación global de ambas compañías. En España, por ejemplo, afecta a Agbar, filial de Suez. En esta última, Criteria Caixa posee una participación del 6%. Para el Estado francés, que mantiene presencia en el capital de los grupos implicados, la situación es complicada de gestionar.
Está en juego una actividad económica, de la gestión del agua, los residuos y la sostenibilidad de las ciudades y de la industria, en la que se prevé un fuerte crecimiento en los próximos decenios. Los condicionantes medioambientales serán cada vez mayores y exigirán soluciones tecnológicas sofisticadas. Tanto Veolia como Suez están bien posicionadas para desempeñar un papel estelar.
Suez es heredera de la compañía creada por Lesseps en 1858 que construyó el canal en Egipto. Desde entonces ha experimentado varios cambios de nombre y de dueño, pero su vocación innovadora en ingeniería ha perdurado. Veolia, sucesora de la Compañía General de Aguas y pionera en la distribución de este bien público, también presume de historia más que centenaria. Con 180.000 empleados –el doble que Suez–, opera en los cinco continentes. Si la opa triunfara, su posición sería todavía más hegemónica.