El PSOE y UP ahondan en sus diferencias en plena campaña
La última disputa es por la autoría de la reforma de los delitos de expresión
La ley de vivienda, la ley transgénero, Puigdemont y el exilio republicano... y ahora la reforma de los delitos de expresión. PSOE y UP a la greña de nuevo.
La disputada recta final de la carrera electoral en Catalunya, y la incertidumbre sobre un escrutinio que determinará en buena medida el curso de la legislatura en España, está suponiendo un auténtico test de estrés para el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. El afán de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias por diferenciar sus proyectos políticos ante la cita con las urnas del domingo dispara las disensiones internas entre los socios del Ejecutivo, multiplica los empujones, codazos y zancadillas entre los grupos que lo sustentan, y hasta sirve en bandeja argumentos para que el líder del PP, Pablo Casado, intente capear el temporal que padece por el juicio abierto a Luis Bárcenas y su propio duelo a primera sangre con la ultraderecha de Vox.
Si la cohesión de la coalición gubernamental sumó nuevas abolladuras la semana pasada debido a las luchas intestinas por el alcance de la ley de Vivienda o la nueva legislación para los colectivos LGTBI, Pablo Iglesias desató de nuevo las iras socialistas este lunes al cuestionar, como vicepresidente del Gobierno, la “plena normalidad política y democrática en España” al estar encarcelados o huidos los líderes de los partidos que gobiernan en Catalunya. Llovía sobre mojado, además, después de la irritación que provocó en el PSOE su equiparación de la fuga de Carles Puigdemont con el exilio republicano tras la Guerra Civil.
Ni Iglesias justificó ayer en el Consejo de Ministros su afirmación en el Ara, ni Sánchez se la reprochó. Pero al igual que la rechazó la víspera Carmen Calvo, la portavoz del Gobierno, la también socialista María Jesús Montero, hubo de salir al paso desde la Moncloa. “Evidentemente, España es una democracia plena y consolidada”, enmendó Montero, quien no obstante achacó las palabras del vicepresidente segundo al contexto de la campaña electoral en Catalunya. “Fuera de ese marco, no se comprenderían determinadas declaraciones”, advirtió.
“Por supuesto, para este Ejecutivo no hay ninguna duda de que España es una democracia plena. Nadie puede dudar de la calidad de la democracia en España, y sobre todo en la materia a la que se refería ese debate que se produjo en el contexto de la campaña, que tiene que ver con la situación de los políticos que se encuentran presos en Catalunya”, argumentó la ministra portavoz. Es precisamente la misma réplica del Gobierno contra la denuncia del independentismo catalán por la existencia de “presos políticos”. “Siempre hemos dicho que son políticos que se encuentran presos, en este país no existen los presos políticos”, reiteró. Son políticos, insistió, que transgredieron la ley y a los que los tribunales condenaron en consecuencia con penas de prisión.
Montero, no obstante, insistió en atribuir la espiral de discrepancias dentro de la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos a la campaña electoral catalana. Pero la afirmación de Iglesias cargó las pilas de un Casado acosado por las presuntas corrupciones que acechan
“UNA DEMOCRACIA PLENA”
Montero enmienda al vicepresidente: “En este país no existen los presos políticos”
UN RESPIRO PARA EL PP
Casado exige el cese inmediato de Iglesias: “En caso contrario, Sánchez será cómplice”
al PP en los tribunales. El jefe del principal partido de la oposición aprovechó así para exigir ayer el “cese inmediato” de Iglesias, con acuse de recibo al presidente del Gobierno. “En caso contrario, Sánchez será cómplice y responsable de lo que su vicepresidente dice contra España”, advirtió el líder del PP desde la disputada plaza electoral de Tarragona.
La portavoz del Gobierno, en todo caso, también achacó a la pugna electoral en Catalunya la nueva disputa entre la Moncloa y Unidas Podemos por liderar una reforma del Código Penal que revise o incluso derogue los delitos de expresión, como el enaltecimiento del terrorismo o las injurias a la Corona, por los que el rapero Pablo Hasel ingresará en prisión. “Estamos
en campaña electoral, y por tanto algunas formaciones políticas quieren apadrinar, capitanear o patrimonializar algunas cuestiones, solo y llanamente porque el domingo tenemos elecciones y todas las formaciones políticas se quieren situar en posición de ventaja o de mejores condiciones respecto a la votación”, justificó.
El asunto, no obstante, ha molestado en Unidas Podemos, porque aunque ciertamente la modificación del Código Penal corresponde al ministro de Justicia, el socialista Juan Carlos Campo, el grupo parlamentario de Unidas Podemos avisó el lunes por la tarde a sus socios de que ayer registraría una iniciativa de derogación de los delitos de opinión, como por otro lado reclaman organismos internacionales y numerosos juristas españoles. A ese aviso, protesta Podemos, reaccionó la Moncloa lanzando a última hora del día un comunicado en el que anunciaba que Justicia estaba trabajando en una reforma del Código Penal para impedir que los artistas, humoristas y músicos sean condenados por estos delitos y anunciando una reforma que rebaje su calificación general a faltas, en el entendido de que no pueden combatirse los excesos en el ejercicio de la libertad de expresión con penas de prisión.
Unidas Podemos mantiene que la iniciativa legislativa es suya, a pesar de todo, y que la tramitará desde el Congreso de los Diputados en el convencimiento, explicaba ayer el diputad Enrique Santiago, secretario general del PCE, de que el PSOE apoyará la medida. No obstante, esta reforma propuesta por Unidas Podemos, que en sentido estricto compete a Justicia, suena a una devolución de la jugada del pasado enero, cuando el grupo parlamentario socialista registró la llamada ley de igualdad de trato, o ley Zerolo, sin contar con el Ministerio de Igualdad, desde donde se trabajaba en un acuerdo para una presentación conjunta.
Estas tensiones abiertas en la competición de ambos obedecen, como sostiene la ministra portavoz, al ambiente de campaña electoral, pero también a la situación delicada del PP. Mientras la pandemia, los estados de alarma y los planes de recuperación de la UE tuvieron al Gobierno de coalición con el corazón en un puño, la cohesión interna fue la norma. Hoy, con el presupuesto aprobado, los fondos europeos asegurados y la oposición atravesando ciénagas, PSOE y Unidas Podemos intensifican su batalla pública con riesgos limitados. Al menos, hasta que el domingo las urnas catalanas redibujen el marco político de todo el país. ●
MALESTAR
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ESCENARIO
Los socios estiran la contienda en tanto el 14-F fija la correlación de fuerzas entre ellos