La legislatura de la educación
Los retos inmediatos son la desigualdad, el plan de digitalización y el impulso a la renovación pedagógica
Si algo bueno ha traído la pandemia ha sido la revalorización de la educación en la sociedad y el consenso de que es un bien común a cuidar. No solo por el futuro personal de los niños y jóvenes, sino por la esperanza que estos representan para resolver muchos de los problemas que nos acucian y porque la pérdida de capital social genera desigualdad, pobreza y conflictos.
Hasta las personas de mayor edad creen que el gasto público debe destinarse prioritariamente a educación, después de la partida de sanidad, y antes de las pensiones, según un reciente informe de Cotec que refleja las preferencias de los españoles respecto a ocho políticas de gasto público. Sanidad y educación copan casi el 60% de los presupuestos de Catalunya del 2020.
En correspondencia a esta valoración, la educación tendría que ser la niña bonita de cualquier presupuesto futuro de la Generalitat, independientemente de quien gobierne, para paliar las carencias que han emergido durante la pandemia (organizativas, logísticas, tecnológicas) y encarar los retos del futuro. Y eso incluye a las universidades, que se han relevado cruciales en el conocimiento sobre el coronavirus, y que (¡ay!) tan poco espacio ocupan en la campaña electoral.
Primero, hay que apagar los fuegos creados no ya por la epidemia, que los ha agravado pero afortunadamente también los ha visibilizado, sino por décadas de recortes. El investigador de Esade Lucas Gortázar indica en un informe que “las consecuencias económicas, sociales y políticas de no actuar y rescatar esta generación de alumnos invirtiendo en el sistema educativo y reforzando la equidad pueden ser enormes en el corto, medio y largo plazo”. Todos han sufrido la pandemia, pero unos más que otros.
Las políticas educativas deberán concentrarse en aspectos concretos como el despliegue de una oferta suficiente para la primera etapa escolar, de 0-3 años, que no es obligatoria pero sí muy necesaria para asegurar el éxito educativo futuro, y que, como indica Save The Children, es más barata que la que se destina a compensar las desigualdades formativas en etapas posteriores de la vida (apoyo, refuerzo, segunda oportunidad, formación para el empleo, inserción laboral...). Desde el 2010, la Generalitat se desentendió de esta etapa, dejando el peso a los ayuntamientos. La Fundació Jaume Bofill reclama garantías de calidad y universalización, entre otras medidas, para garantizar la igualdad de oportunidades.
El Pacto contra la Segregación Escolar, firmado por todos los agentes educativos, aboga por una financiación más justa al sistema en su conjunto, con una apuesta por la educación pública de calidad, haciendo énfasis en los centros con alumnos con mayores necesidades.
En este sentido, la próxima semana está previsto aprobarse el decreto de admisiones, que reordena las plazas escolares, programando la oferta pública desde el inicio. Ayer pasó el aprobado de la comisión técnica. En la memoria económica se establece un alza de recursos para los centros (públicos y concertados) en los que se matriculen alumnos vulnerables. En la misma línea de equidad deberán intensificarse los programas de mejora educativa y atender la formación extraescolar a alumnado con problemas lingüísticos, trastornos o discapacidades o con dificultades económicas.
La transformación educativa estará sobre la mesa de nuevo. Esto implica tocar aspectos como la formación del profesorado (inicial y continua), la autonomía de los centros y el refuerzo al liderazgo de los directores que a menudo ven dificultades en sostener proyectos educativos con funcionarios que van con su libro. Y la inspección, menos fiscalizadora y con un papel de acompañamiento al liderazgo.
Y eso significa también cambios en el currículo. Qué ha de estudiarse y cómo. Profundizar y extender el aprendizaje competencial sin caer en la pérdida de calidad educativa. Y reformar la selectividad.
Todo ello requiere una profunda transformación digital, ya iniciada, pero que los fondos europeos permiten acelerar. En el 2020 se ha invertido en el plan digital 174 millones. La conexión de profesores, alumnos u escuelas en un mismo portal tiene que hacerse realidad.
Esta legislatura también será la de la modernización de la formación profesional, espoleada por los nuevos cambios que prepara el Gobierno español. Una FP vinculada a la industria y empresas, con una formación actualizada, versátil en nuevas titulaciones, y sólida en conocimientos transversales.
Los centros urgen inversiones en laboratorios y talleres, ya que usan tornos y fresadoras de hace 30 años. El desarrollo de la FP dual debe volverse atractiva para empresas y centros educativos. Y la integración de toda la FP en una, la inicial, ocupacional y la continua, un desafío para la nueva Agència Pública de Formació i Qualificacions Professionals (dependiente de Presidència).