Pacto por la Ciencia y la Innovación
El pacto por la Ciencia y la Innovación firmado ayer, al que se han adherido sesenta instituciones, tanto científicas como empresariales y sociales, es un intento del ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, para comprometer al propio Gobierno y al conjunto de la sociedad en la apuesta por el conocimiento. Este pacto puede parecer un brindis al sol, porque no cuenta con un respaldo político y económico suficiente. Pero es un paso adelante para que España avance tecnológica y científicamente con mayor determinación. Actualmente es uno de los países de la Unión Europea que menos recursos públicos destinan a la investigación, desarrollo e innovación (I+D+I), y, además, los reduce en lugar de incrementarlos cuando más se necesitan. Es algo inconcebible.
Dicho pacto por la Ciencia y la Innovación, por tanto, es necesario. Su principal objetivo es cumplir con la recomendación de la Comisión Europea para que en el 2030 los estados miembros inviertan en I+D+I en total, entre público y privado, el 3% del producto interior bruto (PIB). En ese porcentaje la inversión pública debe representar el 1,25%. Para España eso supone que debe casi triplicar el dinero que destina actualmente y que no supera el 0,52%. Este es un nivel muy bajo que contrasta con el 3% de los países más desarrollados, como es el caso de Alemania, Estados Unidos, Japón e incluso China. No hay duda que si España quiere mejorar su competitividad con un modelo productivo con mayor valor añadido debe incrementar sustancialmente su inversión en I+D+I, hasta el punto que debería superar el mínimo fijado por Bruselas para dentro de diez años.
El pacto prevé, asimismo, el refuerzo de las políticas públicas de apoyo al conocimiento e innovación de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas. Pero no incluye más referencias al respecto. Sería necesario, en este sentido, una legislación fiscal más favorable y una interpretación flexible de la misma, ya que las restricciones que impone la inspección de Hacienda reducen al mínimo su impacto.
El pacto también hace una apuesta por una coordinación más efectiva de las directrices estratégicas de la I+D+I, con una adecuada distribución competencial, que garantice la excelencia científica e innovadora. Igualmente plantea la incorporación, recuperación y consolidación del talento científico e innovador. En este sentido se considera necesario consolidar una carrera pública estable y predecible para el personal investigador y técnico equivalente a las de los países más avanzados. Para ello se considera imprescindible que se doblen los recursos públicos actuales para la incorporación y formación de personal de I+D+I en las empresas. Son muchas más la acciones que habría que desarrollar para impulsar la I+D+I a los niveles que necesita España. Esta es una cuestión estratégica para el país y, en ese sentido, el acuerdo firmado ayer debería proyectarse como pacto de Estado, con una mayor ambición en su contenido.
La iniciativa impulsada por el ministro Pedro Duque debería ser más
amplia y ambiciosa