Trabajo y los agentes sociales pactan que los ‘riders’ son asalariados
El ministerio hará un documento con las propuestas de CEOE y sindicatos
El Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal han llegado a un acuerdo para que los repartidores tengan consideración de asalariados.
En los minutos de descuento, el Ministerio de Trabajo arrancó ayer un consenso de mínimos sobre la regulación por ley de los repartidores de las plataformas digitales como asalariados. Este paso hacia el acuerdo en el diálogo social se basa en el sí de la patronal a la laboralización de los riders ,en línea con el criterio fijado el pasado septiembre por el Tribunal Supremo. Después de meses de silencio, la CEOE planteó ayer finalmente su posición en la mesa de negociaciones.
Fuentes ministeriales confirmaron que el encuentro de ayer pone fin a las reuniones sobre la conocida como ley de los riders, sin perjuicio de que se puedan producir contactos de carácter técnico. Ahora Trabajo ha de presentar a la patronal y CC.OO. y UGT un texto final, que tenga en cuenta contribuciones de los agentes sociales.
Aunque las organizaciones sindicales han luchado durante meses por incluir en la nueva regulación a otros colectivos que trabajan en plataformas digitales –tal y como prometió en su momento la ministra Yolanda Díaz–, ahora se muestran dispuestas a apoyar que salga adelante una ley de riders centrada en los repartidores porque lo consideran un avance. En todo caso, los sindicatos no ocultaron su prudencia sobre el resultado final de la negociación, al resaltar que no iban a pronunciarse de manera definitiva hasta que no puedan analizar con detalle cómo se plasma el anteproyecto de ley que el Gobierno pretende llevar cuanto antes al Consejo de Ministros.
Desde los sindicatos avisaron también de que estarán vigilantes sobre hasta qué punto Trabajo recoge las peticiones de la patronal, ya que algunas las consideran inaceptables. Fuentes del diálogo social señalaron que la organización presidida por Antonio Garamendi defendió ayer en la mesa de negociación una regulación ceñida “a los riders, la presunción de laboralidad para los repartidores, un periodo de adaptación de nueve meses y permitir la subcontratación”.
Los representantes de los trabajadores recordaron además que han de comprobar si en el texto figuran reivindicaciones como un observatorio de las plataformas o la obligación de informar a los comités de empresa de los algoritmos utilizado en la organización del trabajo.
En un comunicado conjunto, CC.OO. y UGT “lamentaron la intención expresada por el Gobierno de que este reconocimiento de la relación laboral se limite a los repartidores y no abarque a quienes, en las mismas condiciones descritas por la sentencia [del Supremo], realizan su trabajo para otras plataformas digitales que están utilizando de forma fraudulenta el trabajo autónomo”.
Pese a que el cambio normativo se reduzca a unos pocos puntos, la negociación ha sido particularmente larga. En un principio, Trabajo contaba con poder llevarlo al Congreso de los Diputados antes de que comenzara el pasado agosto. Sin embargo, han pesado las di
ROMPER EL SILENCIO Después de meses de negociación, la CEOE presenta aportaciones a la norma
FAVORABLES AL ACUERDO CC.OO. y UGT avisan que tienen que revisar la propuesta final del Gobierno
ferencias entre el enfoque de Díaz y el de la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Desde el área económica han defendido en todo momento una reforma lo más quirúrgica posible, que supusiera regular solo a los repartidores –ya reconocidos como trabajadores por cuenta ajena por los tribunales– y no tocar otros colectivos que trabajan para plataformas digitales.
Tampoco ha ayudado a sacar adelante la negociación el reiterado silencio de CEOE y Cepyme, incómodos con una regulación que ha sembrado la división interna. Ayer finalmente la patronal puso las cartas sobre la mesa y se abrió a intentar alcanzar un pacto.
La luz verde a la regulación de los riders –con acuerdo global, solo con el apoyo de los sindicatos como pasó con la última normativa sobre igualdad retributiva o, por primera vez en esta legislatura, por iniciativa única del Gobierno– implica también retomar la negociación para eliminar aspectos de la reforma laboral aprobada en el 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Un objetivo prioritario para CC.OO. y UGT, que consideran urgente en tiempo de crisis acabar con mecanismos que favorecen la devaluación de los salarios.