Mateusz Morawiecki
Primer ministro de Polonia
El proyecto de ley de un impuesto a la publicidad en los medios de comunicación a fin de obtener fondos para atajar la pandemia ha sido interpretado como un ataque a la independencia de la prensa en Polonia.
Medios de comunicación polacos rechazaron ayer la introducción de un impuesto a la publicidad por parte de las autoridades, que interpretan como un ataque en contra de la libertad de prensa y que amenaza su independencia y viabilidad.
“Después de destruir el Estado de derecho, el Gobierno tiene como objetivo liquidar la opinión pública libre en Polonia. Y eso significa abolir una sociedad libre y reemplazarla por sujetos de dictadura alimentados con mentiras oficiales”, dicen en una declaración conjunta.
La protesta se dirige contra el proyecto de ley con el que el Gobierno pretende recaudar en el 2022 un total de 800 millones de zlotys (178 millones de euros), la mitad de los cuales se destinará al Fondo Nacional de Salud. El primer ministro, Mateusz Morawiecki, afirma que el Gobierno polaco ha decidido actuar después de esperar “pacientemente hasta el 2020” una solución europea sobre la fiscalidad de grandes multinacionales como Google, Apple, Facebook y Amazon. “Por eso, siguiendo los pasos de Francia, España e Italia, no queremos esperar más sino implementar soluciones que respondan en gran medida a este nuevo mundo digital que está emergiendo”, afirmó.
El ministerio polaco de Hacienda explicó que la iniciativa del impuesto “prevé la obtención de fondos adicionales para prevenir las consecuencias sanitarias, económicas y sociales a largo plazo de la pandemia de la covid”.
Pero la posición de los medios que protestaron ayer es que con esa iniciativa el Gobierno se pone al mismo nivel que el de Hungría con las aprobadas en detrimento de los medios de comunicación por el presidente Viktor Orbán. “El impuesto a la publicidad es un duro golpe para los medios libres. La mayoría basa su existencia en ingresos publicitarios”, dice la declaración, y agrega que así “las autoridades impedirán investigaciones costosas, dificultarán la laboriosa verificación de los hechos y sofocarán las críticas. Así fue como Orbán se deshizo de los medios libres en Hungría”.
Por otra parte, la Justicia polaca ha instado a dos historiadores a disculparse por haber apuntado en un libro a una presunta complicidad por parte de un alcalde local de la Polonia ocupada con el régimen nazi. El tribunal de distrito de Varsovia rechazó, en cambio, la demanda de indemnización que exigía una descendiente de ese cargo local, que consideraba se había difamado su memoria.
El Museo de la Historia del Holocausto en Jerusalén (Yad Vashem) intercedió hace unos días a su favor y alertó contra cualquier intento de intimidación a quienes investigan los crímenes nazis.