La proporcionalidad lleva a la credibilidad

Aúltima hora del lunes, por sorpresa, el Gobierno anunció su intención de modificar el Código Penal para que delitos relacionados con la libertad de expresión, como los imputados al rapero Pablo Hasél –a punto de ingresar en prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y a instituciones del Estado– no comporten penas de privación de libertad. Pocas horas después, el martes, Unidas Podemos (UP) registró en el Congreso de los Diputados una proposición de ley de protección de la libertad de expresión. Si el día antes el Gobierno se limitó a informar de que el Ministerio de Justicia trabajaba en la reforma del Código Penal, sin detallar su propuesta legislativa, UP aportó el martes un redactado completo.

Esta descoordinación del PSOE y UP, las dos fuerzas que integran el Gobierno de coalición, se suma a otras anteriores. Han sido ya las suficientes como para que cada nuevo episodio vaya siendo menos noticiable que el anterior. Algunas quizá se deban a la natural diferencia de criterio entre las dos formaciones. Pero da la impresión de que, en mayor medida, las aparentes descoordinaciones obedecen al deseo, en particular de UP, de marcar perfil propio y reivindicarse ante el electorado progresista.

Dicho esto, añadiremos que una reforma como la pretendida por ambas fuerzas parece, en líneas generales, pertinente. La Constitución Española, en su artículo 20, reconoce y protege “los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”. Sin embargo, el Código Penal tipifica como delito los ataques o escarnios públicos a sentimientos religiosos (artículo 525), contra la Corona (490, 491), también las ofensas a España, sus comunidades autónomas o sus símbolos (543) y el enaltecimiento del terrorismo (578).

En este marco legislativo, se han encadenado durante los últimos años las condenas de cárcel a raperos como Hasél o Valtònyc, tuiteros como César Strawberry o actores como Willy Toledo. Todos ellos han debido comparecer ante la justicia tras expresar sus opiniones sobre el terrorismo o los sentimientos religiosos, consideradas ofensivas por determinados colectivos. Las redes sociales han amplificado el eco de sus mensajes y, también, el debate público al respecto. Tanto el anuncio del PSOE como la proposición de UP llegaron inmediatamente después de que doscientas figuras del mundo de las artes dieran a conocer un manifiesto contrario al encarcelamiento de Hasél, en el que veían una clara amenaza para cualquiera que en el futuro osara criticar, incluso desde la escena creativa o artística, las instituciones.

Es obvio que algunas de esas ofensas –por ejemplo, las que pueden vulnerar la memoria de las víctimas del terrorismo– son de difícil digestión. Pero debemos ser capaces de distinguir entre lo que es libertad de expresión y lo que es delictivo, como por ejemplo la incitación directa a la violencia, el odio y la discriminación religiosa, sancionadas en el artículo 510 del Código Penal, que UP no ambiciona derogar en su proposición.

En el fondo de esta cuestión subyace el imprescindible acuerdo entre la justicia y la proporcionalidad en su aplicación, que es la que le da legitimidad, del mismo modo que la desproporcionalidad la pone en duda. A nuestra sociedad no le costará acordar la conveniencia de que se protejan reputaciones y se las libre de ofensas gratuitas, o de que las conductas inaceptables reciban una sanción. Pero se hace difícil defender que un mensaje contrario a un credo o una institución, carente de incitación al odio, deba ser penado con años de prisión. Es tan importante que quienes tienen proyección pública midan sus palabras como que la justicia actúe de modo proporcional a la falta o el delito que juzga.

Es tan importante medir

las palabras como que haya proporcionalidad al juzgar una falta o un delito