Contra el impuesto sobre el patrimonio
El Defensor del Pueblo, el veterano socialista Francisco Miguel Fernández Marugán, deberá decidir si acepta la petición de amparo que ayer le hizo la CEOE para que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la subida del tipo marginal del impuesto sobre el patrimonio, del 2,5% al 3,5%, incluida en los presupuestos generales del Estado para este año.
Es la primera vez en la historia reciente que la patronal presenta una solicitud de amparo al Defensor del Pueblo. Podía haber escogido otras vías para vehicular el citado recurso de inconstitucionalidad pero ha optado por esta para poner de manifiesto el enorme malestar que existe entre el empresariado. Prueba de ello, además, es que la petición de amparo ha sido suscrita por los presidentes de todas las organizaciones territoriales de la CEOE, incluida Foment del Treball, ya que es un impuesto cedido a las autonomías. Para la patronal se trata de un impuesto confiscatorio, injusto y que atenta contra la propiedad privada.
En su momento, desde estas mismas páginas, dijimos que en plena pandemia no era adecuada la subida de impuestos que decidió el Gobierno, porque ello desincentiva la inversión y el consumo cuando más se necesita. En el caso del impuesto sobre el patrimonio la CEOE, además, señala que en el actual entorno de tipos de interés cero o negativos, con rendimientos moderados o con pérdidas provocadas por la recesión que vive el país, la rentabilidad que genera un patrimonio sujeto a tributación está por debajo del tipo impositivo. Cuando la rentabilidad que paga el Tesoro es del -0,5%, según la patronal, no es justo gravar el patrimonio con un tipo marginal del 3,5%, sobre todo cuando además ese rendimiento ya ha tributado por el IRPF. Esto puede provocar que haya contribuyentes que se vean obligados a liquidar parte de su patrimonio, incluso a un valor de mercado inferior al tasado a efectos tributarios, para pagar la citada subida. Por ello los servicios jurídicos de la patronal creen que existe un supuesto de inconstitucionalidad. La jurisprudencia del Constitucional, en este sentido, entiende que un impuesto es inconstitucional “cuando somete a tributación manifestaciones irreales, ficticias o inexistentes de capacidad económica o bien cuando con su gravamen agota la riqueza imponible, es decir, hace falta liquidar la riqueza para pagar el impuesto”.
Aunque los contribuyentes que pagan el impuesto sobre el patrimonio coincidan en buena parte con los ricos del país, como los califica el vicepresidente Pablo Iglesias, tienen derecho a un sistema tributario justo y, por tanto, hará bien el Defensor del Pueblo en poner el asunto en manos del Constitucional. En cualquier caso es un impuesto obsoleto, que no se aplica en ningún otro país de la UE y que, por tanto, debería suprimirse en la próxima reforma fiscal que estudia el Gobierno. Con ello, de paso, se pondría fin al dumping fiscal de algunas autonomías, como Madrid, que han rebajado sus tipos a cero.
La CEOE pide amparo al Defensor del Pueblo para que recurra la subida del tributo al Constitucional