Hernández de Cos ve “sentido” a un veto del Gobierno a opas extranjeras
Ábalos advierte que el Ejecutivo “no puede quedar al margen” en Naturgy
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, consideró ayer que, en el contexto actual, “puede tener sentido” que los gobiernos tengan la última palabra para impedir intentos de compra de empresas nacionales por parte de firmas extranjeras. Así de contundente respondió al ser preguntado por el veto que ejerció el Ejecutivo francés en la propuesta de adquisición que lanzó el grupo canadiense Couche-tard sobre Carrefour.
Hernández de Cos destacó que los países europeos han tomado este tipo de decisiones porque se dan unas circunstancias “absolutamente excepcionales” y se busca prevenir que se puedan generar “efectos no deseados” en un entorno en el que “no se puede hablar de libre comercio cuando parte del tejido productivo está sostenido por el sector público”.
Estas palabras toman en estos momentos especial fuerza debido a que el Ejecutivo español tendrá que pronunciarse sobre la oferta pública de adquisición de acciones (opa) lanzada por el fondo australiano IFM sobre el 22,69% del capital de Naturgy.
“Los países europeos han tomado ese tipo de decisiones porque estamos ante unas circunstancias excepcionales”, subrayó el gobernador.
El Gobierno español, al igual que sus homólogos europeos, reforzó los blindajes en empresas estratégicas, como las energéticas, desde que estalló la pandemia para evitar que fondos buitres tomasen el control antes las continuas caídas bursátiles.
Ayer, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, lanzó también un aviso para navegantes: “El Gobierno no puede quedar al margen” en operaciones como la anunciada por el fondo australiano. Recordó que no sería la primera ocasión en que el Ejecutivo preserva la españolidad de empresas estratégicas.
“Es importante que tengamos un cierto control, no estoy promoviendo la intervención, pero sí un cierto control de aquello que es estratégico; me parece muy importante esa consideración, porque la privatización, si no lleva acompañada esa observancia, pues no me parece bien”, aseveró.
El mensaje del ministro de Transportes refuerza la idea de un debate sobre el tema en el seno del Ejecutivo. Los tres ministerios implicados –Economía, Industria y Transición Ecológica– no se han pronunciado al respecto, a la espera de realizar un análisis en profundidad. Por el contrario, según algunas fuentes, el jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Iván Redondo, podría ser partidario de bloquear la oferta.
En realidad, la propuesta del grupo australiano la analizarán esos tres ministerios implicados, aunque la posición definitiva la tendrá que llevar al Consejo de Ministros la titular de Industria, Reyes Maroto.
La oferta de IFM es a 23 euros la acción. El pasado martes, los títulos de Naturgy se desplomaron hasta un 6%, después de que la agencia Bloomberg señalara posibles dudas en el Gobierno. Finalmente, ese día cerraron a 20,35 euros. Ayer, las acciones de la energética volvieron a sufrir un leve descenso al cerrar a 20,22 euros, con un descenso del 0,64% respecto al día anterior.
El potencial comprador presentó la opa parcial en la CNMV el pasado viernes, pero al Ministerio de Industria aún no ha llegado la solicitud de autorización, preceptiva al ser una compañía de fuera de la Unión Europea que pretende hacerse con más del 10% del capital de Naturgy.
La CNMV podrá empezar a estudiar el proceso, pero bajo ningún concepto podrá dar luz verde al proyecto hasta que el Consejo de Ministros no conceda su autorización. Con la actual normativa vigente, el grupo australiano tiene que contar con el beneplácito del Ejecutivo para continuar con el proceso. En realidad, Industria va a tomarse su tiempo, puesto que solicitará informes técnicos a los otros dos ministerios implicados para analizar bien la operación y posicionarse. Tiene de plazo hasta seis meses para emitir su veredicto.
El grupo australiano presentó su oferta con toda la arquitectura financiera cerrada. Cuenta con el apoyo del banco BNP Paribas, en su triple papel de avalista, asesor y financiador. Aportó dos avales que suman 5.060 millones para cubrir la totalidad de la oferta. La operación está condicionada a que sea aceptada por al menos un 17% del capital. También el despacho de abogados Linklaters ha sido contratado como asesor legal.
EN PANDEMIA
El gobernador cree que la situación de crisis actual avala medidas excepcionales
PASOS A SEGUIR
La CNMV debe contar con el visto bueno del Ejecutivo para aprobar la operación