El Constitucional deniega la pensión de viudedad tras una boda gitana

Negar la pensión de viudedad a una mujer que sólo puede demostrar la unión por una boda por el rito gitano no es discriminatorio, según una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) conocida ayer y fechada en el 25 de enero. La decisión desestima un recurso de la afectada contra una sentencia previa del Supremo, que ya le negaba la prestación.

En el caso de Joaquina C. existen dos problemáticas. De un lado, el rito gitano no está reconocido “como una de las formas válidas para contraer matrimonio con efectos de validez civil”. Del otro, pese a una convivencia de al menos 15 años tras la boda, no estaban inscritos como pareja de hecho y los cinco hijos que tuvieron en común estaban inscritos en un libro de familia donde constaban como “solteros”. En algunas de esas inscripciones se apuntó que “el matrimonio no existía” o que era “hija extramatrimonial”. Según la mujer, siempre “actuaron con buena fe y con la creencia de la plena validez de su matrimonio”.

Estos condicionantes han ido marcando el camino judicial, que se remonta a noviembre del 2014, cuando solicita la pensión tras fallecer su marido, con el que convivía desde al menos 15 años tras la boda “conforme a los usos y costumbres gitanos”. Al pedir la pensión de viudedad a la Seguridad Social se le denegó por no haberse constituido formalmente el vínculo. La mujer demandó al ente público. El Juzgado Social de Jaén desestimó la demanda y Joaquina recurrió el caso al TSJ de Andalucía. En el 2016 esta instancia sí le dio la razón y reconoció su derecho a obtener la pensión, ya que los años de convivencia y los hijos nacidos daban buena fe respecto a la validez y eficacia de su matrimonio bajo el rito gitano. Asimismo, apuntaba que la denegación podía “discriminar por razones étnicas y culturales”. El Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social recurrieron al Supremo para unificar doctrina, quien volvió a anular la prestación por “no cumplir los requisitos legales exigidos”.

Otro recurso de la mujer llevó el caso al TC, que ahora reafirma que “no concurre una forma de discriminación directa de la etnia gitana, sino la consecuencia ordinaria de la propia decisión personal, libre y voluntaria, de no acceder a alguna de aquellas fórmulas de constitución en Derecho para establecer el vínculo”. Es decir, no se rechaza por casarse por el rito gitano, sino por no inscribirse en registros legales que reconocen la unión y el derecho a la pensión.

La sentencia de la magistrada Encarnación Roca Trías cuenta con un voto particular, que considera que existe una discriminación indirecta por pertenecer a una minoría respecto a personas que viven registradas como pareja de hecho y que ese registro para garantizar la unión se satisface “incluso en mayor medida” por los elementos que comporta la “solidez” de la tradición cultural del rito gitano, expone el magistrado Juan Antonio Xiol Ríos.

La sentencia subraya que no se cumplen los requisitos legales y rechaza que el fallo sea discriminatorio