Pablo Hasél se niega a entrar en prisión y llama a la movilización si le detienen
El rapsoda Pablo Rivadulla Duró (Lleida, 1988), más conocido como Pablo Hasél, ha decidido colocar la pelota en el tejado del Estado y ayer –al concluir el plazo fijado por la Audiencia Nacional– reiteraba que no ingresará de forma voluntaria en prisión para cumplir la condena de nueve meses ratificada en mayo del 2020 por el Tribunal Supremo y lanzaba una contraofensiva a la espera de la actuación de los poderes del Estado, que podrían dictar orden de busca y captura contra él. “Sería una humillación indigna acudir por mi propio pie ante una sentencia tan injusta”, escribió en las redes sociales.
La ofensiva tiene tres frentes: por un lado, lanzó un nuevo rap antisistema con críticas dirigidas expresamente hacia el rey Felipe VI, y el Gobierno de coalición.
Por otro, pidió atención en las redes sociales para una movilización en caso de que los poderes públicos procedieran a “secuestrarlo” –Hasél emplea siempre este verbo para aludir a su ingreso en prisión– a partir de las 20 horas de ayer, momento en el que vencía el plazo de ingreso voluntario en prisión: “Estad atentos para dar una respuesta”, decía la convocatoria, presidida por un cartel con el lema “Cuando lo encarcelen respondamos” y el hashtag #Sileencierraalacalle.
La convocatoria del jueves en apoyo de Hasél fue suspendida por la Junta Electoral Central, pero el movimiento en defensa de la libertad de Pablo Hasél, que ha aglutinado a escritores, intelectuales, periodistas y artistas, así como organizaciones tanto españolas como internacionales en defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos, ha seguido muy activo en redes en las últimas 72 horas.
El tercer frente que mantiene abierto es el judicial, con un recurso de súplica interpuesto por su abogado en contra de la sentencia. Al margen de la efectividad de este recurso para impedir la detención y encarcelamiento del rapsoda, son muchos los académicos de Derecho Penal y Constitucional que vaticinan que, de acuerdo a los votos particulares contrarios a la condena en el Supremo y la Audiencia Nacional, la condena tiene muchas opciones de ser tumbada, si no en el Tribunal Constitucional a corto plazo sí en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no ya por los tipos penales limitadores de la libertad de expresión, que ya han sido criticados por el Alto Tribunal continental en ocasiones anteriores –que el Gobierno de coalición quiere eliminar–, sino porque entienden que estos tipos no son aplicables al caso de los tuits de Hasél para justificar una condena por injurias al Rey, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la policía.