La Fiscalía recurre para que los presos vuelvan a prisión
La decisión recae en el juez de vigilancia penitenciaria, que es nuevo en Lledoners
Mientras los líderes independentistas digerían los resultados electorales, la Fiscalía presentaba a primera hora de la mañana el recurso en contra de su semilibertad para reclamar que vuelvan a ingresar a prisión. Los recursos se esperaban, la Fiscalía ya había anunciado su intención de contrarrestar el tercer grado en la línea de frontal oposición a cualquier concesión que ha mantenido hasta ahora, pero se desconocía cuándo lo haría y si interferiría en la campaña electoral. Finalmente, el ministerio público presentó el recurso ayer, justo el día después de los comicios, lo que para el Govern en funciones y los partidos soberanistas es la respuesta a la mayoría independentista cosechada el 14-F. “¿Es casualidad que la Fiscalía recurra el tercer grado el día después de las elecciones?”, se preguntó la consellera de Justícia en funciones, Ester Capella, mientras que la portavoz nacional de ERC, Marta Vilalta, se expresaba en el mismo sentido, interpretando el recurso “como una respuesta de un Estado vengativo a los resultados electorales”. “Intentan ganar con la represión lo que no pueden ganar en las urnas”, recriminó.
Los presos salieron de la cárcel con el tercer grado el 29 de enero, coincidiendo con el primer día de campaña electoral y podrían reingresar en las próximas horas, una vez finalizados los comicios, si así lo deciden los jueces de vigilancia penitenciaria. El sentido de la decisión, sin embargo, no está claro. En verano, los jueces penitenciarios adoptaron criterios dispares a la hora de decidir si encarcelaban cautelarmente a los presos del procés. La juez de vigilancia de Lledoners abogó por suspender cautelarmente la aplicación del tercer grado mientras el Tribunal Supremo tomaba una decisión sobre su pertinencia y ordenó el ingreso inmediato en prisión de los siete condenados en Lledoners. En cambio, el juez encargado del control de Wad-ras y Puig de les Basses consideró que la suspensión cautelar del tercer grado solo podría dictarse en casos de recursos de apelación y no en un recurso administrativo y mantuvo en semilibertad a Dolors Bassa y Carme Forcadell hasta que el Tribunal Supremo se pronunció revocando definitivamente el tercer grado.
Ahora estaríamos ante la misma situación, si no fuera porque el titular del juzgado de Lledoners ha cambiado y el criterio que pueda adoptar es una incógnita. La Fiscalía ha solicitado que su petición sea resuelta con carácter de urgencia con lo que se espera un pronunciamiento en breve.
En los recursos, el ministerio público justifica la suspensión de la semilibertad porque incumple con los fines que perseguía la condena del Tribunal Supremo. No han cumplido la mitad de la pena ni han reconocido el delito por el cual se les sentenció, concluye.
Esta argumentación contrasta con lo que dictaminaron las juntas de tratamiento de las prisiones –compuestas por funcionarios– que justificaron la progresión al tercer grado de los presos independentistas porque habían cumplido la cuarta parte de la condena y aceptaban los hechos por los cuales se les había condenado. La Fiscalía, en cambio, no lo ve así y considera vigente lo que resolvió el Tribunal Supremo en diciembre –con cuatro meses de retraso respecto de la semilibertad que les fue concedida por el Govern en julio– en que consideraba “prematura” la liberación de los presos independentistas. El fiscal apoyándose en esa resolución reprocha que el tercer grado “altera el contenido de la sentencia” del Tribunal Supremo y “su efectivo cumplimiento” y recrimina a los funcionarios penitenciarios que propusieran el tercer grado habiendo cumplido solo “una parte poco significativa de las penas impuestas”, de forma generalizada y sin que hayan mostrado arrepentimiento, reconociendo “la comisión delictiva y su responsabilidad”. La Fiscalía tampoco aprecia que se haya producido ninguna modificación positiva en la evolución penitenciaria de lo penados, “los internos siguen sin reconocer el delito, sin que hasta el momento se haya superado con éxito ningún programa específico de tratamiento a fin de paliar tal déficit”, subraya.
Los recursos de la Fiscalía terminarán en la mesa de la Sala Segunda del Supremo que, como tribunal sentenciador ya revocó el tercer grado, y que además tiene pendiente pronunciarse sobre las siete peticiones de indulto que se han formalizado, si bien su posicionamiento no será vinculante. La sala está a la espera de recibir el informe de la Abogacía del Estado, que como acusación en el proceso, también debe pronunciarse, y que examinará junto al dictamen de la Fiscalía que se opuso a la concesión de esta medida de gracia debido a la gravedad de los hechos, entendiendo que no existen razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifiquen su aplicación.
¿NUEVO CRITERIO?
El juez de vigilancia de Lledoners es nuevo y se desconoce si aceptará la petición
NO RECONOCEN EL DELITO El recurso reprocha que los internos no se arrepienten de los hechos del 1-O