Primeros movimientos postelectorales

Ayer, apenas pasadas unas horas de las elecciones del 14-F, los partidos con capacidad de influir en la formación del próximo Govern empezaron a exponer sus preferencias y sus vetos. Salvador Illa, candidato del PSC, que fue la formación que obtuvo más votos, reiteró su deseo de optar a la investidura. Desde ERC, segundo partido el 14-F –con 33 escaños, como los socialistas, pero 46.000 votos menos–, se aceleraron los movimientos para que la investidura de Illa, que cuenta con pocas posibilidades de prosperar, ceda el paso a la de su candidato, Pere Aragonès. Los republicanos apuestan a tal fin por una mayoría independentista, pero que no solo sume sus siglas a las de Junts y la CUP, sino que incluya además a En Comú Podem, en consonancia con su proyecto de vía amplia –pero no omnicomprensiva, como se verá–. Este objetivo choca por una parte con Junts, que no quiere en el Govern a los Comuns, y por otra, con el rechazo de estos, que no quieren ir del brazo de aquellos. Junts prioriza un Govern netamente independentista. Y ERC rechaza un tripartito de izquierda con PSC y Comuns, que sí aprobarían estos dos últimos... Resumiendo, las formaciones independentistas, indistintamente de si han ganado o perdido la primacía soberanista, intentan defender su posición y sus intereses estratégicos. Algo lógico, por una parte. Pero garantía también, visto lo ocurrido en la anterior legislatura, de que se acercan semanas de negociaciones y, acaso, de desacuerdos, tensiones y retrasos.

La ley electoral define paso a paso el calendario venidero. Veinte días después de las elecciones, como muy tarde, debe constituirse el Parlament. Previamente, habrá que elegir su Mesa, constituida por un presidente, dos vicepresidentes y cuatro secretarios, una vez que hayan llegado a buen puerto las negociaciones entre partidos iniciadas a tal fin. Diez días después de la constitución del Parlament, su presidente deberá proponer un candidato a la presidencia de la Generalitat. Y el pleno de investidura del nuevo president debería tener lugar, a lo sumo, el 26 de marzo. En el plazo de mes y medio a partir de ahora, Catalunya podría, pues, contar con un nuevo Govern para iniciar su decimotercera legislatura.

Así es en la teoría. En la práctica, la constitución del nuevo Govern puede topar con diversos obstáculos. Por ejemplo, los propiciados por la conflictiva relación entre los dos partidos independentistas mayoritarios, ERC y Junts. O los específicamente referidos a los vetos que una y otra quieren establecer ahora. O los relativos a los condicionantes que quiera imponerles la CUP, sin cuyos nueve escaños ERC y Junts tan solo suman 65, quedándose a tres de la mayoría absoluta...

Todos los partidos aspiran a defender el programa al que han dado respaldo sus votantes. Pero eso no justifica que condicionen más allá de lo razonable la vida del país. Por eso sería deseable que la CUP, tras recoger el 6,7% de los votos, no presionara de modo abusivo la política catalana, como ya hizo en otras legislaturas, no precisamente para bien.

Catalunya afronta desafíos perentorios y la atención del nuevo Govern debería centrarse en su resolución. El debate predominante durante los últimos diez años ha sido el independentista. Pero las urgencias son ahora otras. Deben atacarse reuniendo el máximo apoyo social y político, no añadiendo nuevas cortapisas. Organizar el Govern atendiendo ante todo al eje nacional puede ser contraproducente. Jéssica Albiach, candidata de En Comú Podem el 14-F, recordaba ayer que “no es el momento de frentes ni de bandos, sino de ir todos juntos, los progresistas y los demócratas”. Compartimos su opinión. El cambio que necesita Catalunya pasa por superar su división en dos bloques. Lo cual requiere que se tiendan puentes entre ambos. Desde los partidos, desde el futuro Govern y también desde el conjunto de la sociedad.

Las negociaciones arrancan lastradas por los vetos, cuando lo que conviene

es tender puentes