El confinamiento de las libertades

Las restricciones que han aplicado prácticamente todos los países del mundo para luchar contra el coronavirus han abierto un intenso debate entre confinamiento y libertades públicas. Desde el estado de alarma hasta las limitaciones a la libertad de circulación, desde el toque de queda hasta el cierre de sectores económicos, pasando por la geolocalización de los ciudadanos a través de sus móviles, las medidas que los estados han tomado han abierto una brecha en los derechos del individuo.

La cesión de libertades para luchar contra un enemigo común ya tuvo un primer precedente en los recortes de libertades tras los atentados del 11-S, que vinieron para quedarse. Por eso es tan importante que los gobiernos concreten y justifiquen las restricciones que imponen, para asegurar que son proporcionadas para atajar el problema, en este caso frenar el virus. Porque muchos ciudadanos temen que tras estas medidas se oculten prácticas intervencionistas en las libertades públicas por sus gobiernos.

Un informe de The Economist denuncia una degradación de la democracia durante la pandemia en casi el 70% de los países del mundo por el abuso de poder de gobiernos que han silenciado voces críticas y han debilitado instituciones básicas durante la crisis sanitaria. Algunos países, como Birmania, no tienen empacho en poner la covid como excusa para justificar un golpe de Estado militar. Otros, también usando la pandemia como pretexto, han sofisticado –cuando no impuesto– la vigilancia tecnológica para controlar mejor a sus ciudadanos. Y también ha habido estados que han aprovechado la situación para sacar adelante leyes cuestionables. Obviamente, en los regímenes autocráticos más pronunciada ha sido la supresión de libertades.

Estas restricciones han sido respondidas, en algunos países, con movilizaciones para reclamar la plenitud de esos derechos. Preservar esa conciencia crítica ayudará a los ciudadanos a exigir su plena recuperación en cuanto sea posible. El 87% de la población mundial vive en regímenes cerrados, represivos o con libertades limitadas, y con la covid sus derechos y libertades se han visto aún más recortados.

Que la ciudadanía haya aceptado los confinamientos en aras de un bien común superior, como es luchar contra la pandemia, no significa que la gente reste valor a la libertad. Hemos asumido una pérdida temporal de libertades para evitar una catástrofe, pero nadie tiene derecho a usar esta situación para abusar del poder, laminar las libertades y mucho menos suprimirlas. El punto de partida no debería ser la privación de libertad y luego estudiar las excepciones, sino garantizar esa libertad y luego fundamentar las limitaciones que se le imponen. Un estudio de economistas del FMI augura un posible estallido social mundial en el 2022 porque la pandemia está haciendo aflorar las fracturas ya existentes en la sociedad. Preservar y potenciar las libertades y valores democráticos sería la mejor manera de evitarlo.

El 70% de los países del mundo ha visto degradada su democracia

durante la pandemia